El sitio se asemeja a un campamento improvisado con carpas de nylon y trapos de dos por un metro de base con tres banderas bolivianas enarboladas, que dan cuenta de que se trata de una emergencia. Allí están levantados unos 30 toldos, donde cerca a 90 familias duermen desde el domingo, incluso con sus niños.
Cerca a 2 kilómetros más adentro, el lunes pasado se produjo un enfrentamiento entre dos bandos que reclaman la propiedad de un terreno de tres hectáreas ubicado detrás de la gasolinera Camino Real. Un grupo expulsó al otro con petardos, pedradas y dinamitazos. Ahora el lote se encuentra abandonado, pero con rastros del enfrentamiento, pues existe una vivienda de dos plantas destruida por la turba.
Las inmediaciones de San Roque se han convertido en una zona de expansión urbana, donde se observa decenas de construcciones a los costados de la carretera. Aquéllas están por alcanzar la frontera de la ciudad de El Alto con la provincia Los Andes.
El último asentamiento está ubicado en la zona 14 de Enero, en el sector denominado Laguna. El terreno ocupado es ligeramente empinado y está sobre la carretera.
A un costado, un tractor nivela el camino de tierra que sirve de ingreso a la zona 14 de Enero. Al fondo, hay casas de adobe y ladrillo. Los nuevos «vecinos» están declarados en emergencia y constantemente se reúnen para evaluar las acciones a emprender, mientras que otro grupo acarrea ladrillos para iniciar las construcciones clandestinas.
Al inicio, nadie quiere hablar con La Razón. Dicen que no tienen nada que decir, mientras el contingente del fondo hace reventar petardos como una forma de amedrentamiento. Finalmente, expresan su punto de vista. «Es un asentamiento pacífico», explica Rolando Condori, que es el único que se anima a dar su nombre.
«Somos vecinos de esta zona, vivimos en alquiler y sólo queremos un lugar dónde vivir», sostiene. Ellos señalan que están dispuestos a conversar con el dueño, a quien identifican como Víctor Gutiérrez, para pagar por los lotes, aunque no dicen cuánto están dispuestos a desembolsar. «Hay que ver qué dice el dueño».
«En caso de que no quiera vendernos, ahí vamos a tomar otro tipo de acciones», amenaza otro de los asentados. Aseguran que son gente pobre, que trabaja en diversos comercios, pero que están cansados de ser inquilinos «porque vivir así es como estar presos, no puedes hacer nada».
Otro argumento que esgrimen, al contar que ellos se fueron organizando «de manera estratégica», es que el sitio que tomaron era usado por los delincuentes para «robar, violar e incluso matar». Aseguran que el dueño se acercó al lugar y prometió conversar con ellos. Mientras los hombres dialogan con La Razón, las mujeres preparan el almuerzo en fogones improvisados con adobe y leña.
La Alcaldía no actúa
El secretario general de la Alcaldía, Sergio Choque, señaló respecto a la toma de predios en el Plan Tres Mil que estos asentamientos, como el de 14 de Enero, son problemas entre privados y por lo tanto tienen que resolverse en ese ámbito.
