«Bingo Bahiti puede volver a sacar una nueva autorización (para operar) sin modificar su razón social, pero respetando la regularización por la Autoridad del Juego», expresó la autoridad.
En aplicación de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar 060, la AJ intervino el miércoles pasado, en Santa Cruz, cinco salas de juego de Bahiti y una de Arte y Juegos porque ninguna inició la regularización en el marco de la nueva normativa. Cazón recordó que las casas de juego tenían un plazo de 120 días (hasta el 8 de junio) para adecuarse y obtener el permiso para seguir operando. A partir del 29 de junio, cuando la AJ comenzó los operativos de control, las entidades que no hicieron el trámite se constituyeron en ilegales para el Estado boliviano.
El asesor jurídico del Bingo Bahiti en La Paz, Javier Castedo, descartó que la empresa vaya a obtener una nueva autorización porque —en su criterio— eso significaría tramitar una personería jurídica con otra razón social.
«No nos vamos adecuar a la norma, definitivamente no. En el caso de la Ley 060 es un tema de inviabilidad, pues no permite que se pueda operar de manera legal con toda la carga impositiva», dijo.
Precisó que están dispuestos a pagar 30% de impuestos «pero de los ingresos brutos» y pidió que «el impuesto al jugador sea derogado, el Gobierno plantea que éste sea del 15% y no estamos de acuerdo. Tampoco queremos que se pague impuesto por los premios que se otorgan. El Ejecutivo se negó a escucharnos, por ello hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad. De cada boliviano que recibe Bahiti, 85 centavos se van a premios y el resto a la ganancia».
Castedo recordó que Bahiti tiene un contrato con el Estado, que está vigente por 20 años más, y que tras la aprobación de la Ley 060, la empresa a la que patrocina presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, por lo que la norma no debería ser aplicada hasta que éste se pronuncie al respecto.
Si la compañía de juegos decidiera tramitar una nueva norma, entre otros deberá contar con el testimonio de creación de la empresa, un capital de solvencia de 350 mil dólares, poder del representante legal y declaraciones juradas de todos los socios.
