La presidenta de la entidad, Claudia Paredes, explicó que las autorizaciones clonadas salieron por conducto regular del Sedes y no fueron entregadas de manera clandestina, además que Yugar trabajó con el principal implicado. También aseguró que hay más gente implicada que aún labora en la institución.
«Las resoluciones fueron recogidas de la Secretaría de la Unidad Jurídica del Sedes y no es que (Juan Carlos) Endara (el implicado) hizo solo el documento, porque tiene la firma del responsable de farmacias y otros que trabajan ahí», manifestó Paredes.
Yugar rechazó la denuncia de Asprofar y sostuvo que su trabajo está respaldado con las acciones que realiza dentro de la entidad y que un ejemplo de ello lo constituyen las inspecciones y clausuras que realizó la anterior semana a tres farmacias cuya documentación para operar era falsa.
«Si existe alguna denuncia de irregularidades y otras de esta naturaleza, se tiene que presentar toda la documentación que lo sustente. Como asesoría jurídica se procedió conforme a la norma, se cerraron las farmacias Socavón II y Socavón III, además de Mélani, y estamos preparados para cerrar más farmacias ilegales», sostuvo Yugar en descargo.
La anterior semana, Paredes denunció que una red que operaba desde el Sedes clonó licencias de funcionamiento de farmacias asociadas a esa entidad, para permitir que otras ilegales trabajen.
Autoridades de la Gobernación de La Paz informaron a este medio que evalúan al personal de Asesoría Jurídica, después de que conocieron las denuncias. La mañana de ayer, una representación de Asprofar de La Paz y El Alto se reunió con el gobernador César Cocarico y el director del Sedes, Pedro Mamani, para hacerle conocer los casos y exigir la destitución de funcionarios implicados.
Según Paredes, el Gobernador, tras escuchar las denuncias contra Yugar y el responsable de Farmacias, Jorge Bravo, se comprometió a destituirlos y a realizar un nuevo registro de farmacias sin margen a irregularidades.
«La reunión fue fructífera porque se comprometió a la destitución de Yugar por el amedrentamiento que hizo en El Ato y La Paz a los afiliados a Asprofar, además se presentaron pruebas de que el asesor jurídico tiene procesos en el Senasir, todo respaldado con la documentación necesaria», dijo.
El Director del Sedes no quiso hablar de la eventual destitución de sus subalternos argumentado que todos están en evaluación. «Hicimos un plan de trabajo, el martes me presentaron un informe y estamos en proceso de evaluación, veremos quiénes cumplieron con el cronograma y decidiremos la suspensión o no».
En La Paz y El Alto está la mayoría de boticas ilegales
La presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios de Farmacias (Anprofar), Clara Ortega, informó que la mayoría de las boticas ilegales se halla en las ciudades de La Paz y El Alto. «En Bolivia hay unas 4.000 farmacias legalmente establecidas y son más de mil las ilegales, la mayoría está en las dos ciudades del departamento de La Paz», indicó.
Explicó que en el territorio paceño hay unas mil boticas con permiso de funcionamiento. Santa Cruz tiene el mayor número con casi 1.500, Cochabamba con 1.100 y en el resto de las ciudades el número no pasa de 200.
La profesional denunció que desde el año 1996 (cuando se promulgó la Ley de Medicamentos) las farmacias no sólo tienen que lidiar con los establecimientos ilegales, sino también con las grandes cadenas que sólo se instalan en áreas de mayor concentración de gente y no en barrios alejados.
