«La empresa Bahiti, desde el día en que se ha promulgado la Ley 060 (de Juegos de Lotería y Azar, del 25 de noviembre del 2010) no ha pagado ni un centavo de tributos. Entendemos que el monto que debe pagar al SIN por el impuesto al juego, que es del 30%, llega a unos 60 millones de bolivianos», dijo el director ejecutivo de la AJ, Mario Cazón.
Añadió que la empresa sólo cumplió con el pago del 15% del gravamen que ahora se denomina Impuesto al Jugador, suma que asciende a 250 mil dólares mensuales y que son recaudados por la Lotería Nacional.
DESCARGO. Juan Miguel Zambrana, asesor jurídico de Bahiti, negó la denuncia de evasión. «El señor Cazón no puede decir que debemos. Nosotros pagamos un canon sobre el juego del 15% del bruto que ingresa y en todos los meses supera los 250 mil dólares. En la gestión 2010, de los 35 millones de dólares que recibió Lotería Nacional por concepto de juego 33,6 millones fueron pagados por Bahiti», dijo.
Aclaró que dicho canon del 15% está fijado en el contrato firmado con la Lotería Nacional y que, asegura, rige hasta el 2012. Bahiti no reconoce la vigencia de la Ley 060, que además demandó por inconstitucional, razón por la cual opera en el marco del acuerdo con la Lotería.
Apelarán a organismos extranjeros
El asesor jurídico de Bingo Bahiti, Juan Miguel Zambrana, anunció que este caso será denunciado a instancias internacionales, por considerar que se produjo un «atropello» al derecho a la libertad de trabajo.
Trabajadores están sin sueldo
Los trabajadores del Bingo Bahiti se declararon en estado de emergencia y anunciaron el inicio de una huelga de hambre si la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos (AJ) persiste en su intención de cerrar la empresa.
El dirigente de los trabajadores Horacio Álvarez informó que son aproximadamente 1.100 empleados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que se quedarían sin fuentes de trabajo tras la intervención a los salones de la empresa, el 13 de julio, debido a que no se adecuaron a la nueva ley. Lamentó que a la fecha la empresa no procedió al pago de sus salarios correspondientes al mes de julio, porque las oficinas administrativas en Santa Cruz fueron precintadas.
«Estamos sin sueldo, de cerrarse la empresa serían 4.000 las familias afectadas; por eso hemos decidido declararnos en huelga de hambre», dijo Álvarez. La viceministra de Política Tributaria, Susana Rivas, dijo que la empresa deberá asumir la carga social. «No es una responsabilidad estatal sino de la empresa por no adecuarse a la ley».
