Las tierras tomadas de forma ilegal desde el 2008 se encuentran en los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas, Pailón, Obispo Santistevan y Yapacaní, en predios que, según la Anapo, cumplen con la Función Económico Social (FES).
El presidente de la entidad, Demetrio Pérez, dijo que protagonizan los avasallamientos personas que arguyen contar con respaldo del partido de gobierno. Entre las propiedades afectadas están Bonanza, Tucunare, El Piyo, Peña, Sonomura y Colorada, que poseen cultivos de soya, trigo, maíz, sorgo, girasol y arroz.
En aglunos casos, agregó, se cuenta con sentencias judiciales y resoluciones de desalojo, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio Público y la Policía no hacen cumplir. Pérez planteó una reunión nacional con todos los actores implicados en la temática de la tierra para establecer una estrategia de defensa de los predios ocupados, «ante la ausencia del Gobierno».
Nelson Paz, socio de la propiedad Bonanza, ubicada en Cuatro Cañadas, indicó que los ocupantes amedrentan a los trabajadores hace meses; «ingresaron a los predios y realizaron mediciones para repartirse las tierras», manifestó.
Pérez recordó que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia prepara un proyecto de ley para la legalización de los asentamientos ilegales. «No queremos pensar que este sea el motivo para que no se ordenen los desalojos, sumado al hecho de que se ha iniciado una campaña mediática y racista en contra de productores de origen japonés, brasileños, argentinos o menonitas», sostuvo Pérez.
En oficinas del INRA evitaron hablar del tema, aduciendo que el Director regional no se encontraba.
Campesinos cruceños
El ejecutivo de los campesinos de Santa Cruz, José Antonio Chungara, negó que el campesino busque legalizar las tomas. «Hay gente inescrupulosa que a nombre de los movimientos sociales avasalla tierras, perjudicando a los empresarios y poniendo en riesgo la producción», dijo.
