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No existe un mapa oficial de límites de La Paz

Debate. Señala que los límites del municipio de La Paz sólo tienen carácter referencial

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Por La Razón
/ agosto 19, 2011
en Sociedad

La aclaración surge luego de la publicación de un comunicado de esa cartera de Estado, que en uno de sus parágrafos sostiene que «las jurisdicciones de La Paz, Achocalla, Mecapaca y Palca no se encuentran definidas».

Silvia Rengel, jefa de la Unidad de Límites y Conflictos del Ministerio de Autonomías, explicó que si bien ambas leyes, que hacen referencia al territorio del municipio de La Paz, están vigentes, no se adecúan a la Ley de Unidades Político Administrativas  (2150), promulgada por Hugo Banzer Suárez en agosto del 2005.

«Según la Ley 2150, todas las normas de delimitación deben establecer características precisas, es decir que tienen que tener coordenadas precisas y planos georeferenciados».

«La Ley 1669, a la que hace referencia la Alcaldía paceña, establece de forma referencial  los límites con cada uno de sus vecinos. Al momento de publicarse la norma se establece que se estarían adjuntando mapas como anexos, pero éstos no fueron publicados. Entonces es una ley que está incompleta,  aunque, de forma referencial, establece los límites», apuntó la funcionaria de Autonomías.

La Ley 2150 fija procesos en primera y segunda instancia para resolver los conflictos de límites, pero como el municipio de La Paz ni los municipios vecinos tenían documentación ni mapas sobre estas precisiones, iniciaron procesos administrativos.

Rengel explicó que «todos los procesos administrativos quedaron congelados por la Ley de Autonomías, promulgada el 19 de julio del 2010. Pero además existe una sentencia constitucional del 2002, que hace notar que los mapas anexos a la 1669 no fueron publicados y aunque no dicen que la norma es ilegal, llama a publicarlos, pero ese trámite no se realizó».

En Bolivia, sólo 25 municipios de los 339 en los que se divide el país  tienen delimitados su territorio por ley y tienen la precisión de sus límites plasmados en mapas. Sobre la Ley 432 de 1968, que fija de dónde a donde abarca la mancha urbana de La Paz, aseguró que ésta no perdió vigencia, aunque sólo define el radio urbano y suburbano.

«No  hacemos desconocimiento de las normas, pero sí establecemos que son normas de carácter referencial, y justamente porque no están definidos sus límites tienen procesos administrativos en curso», agregó. La disputa limítrofe entre La Paz, Mecapaca, Palca y Achocalla, que suscribieron un Pacto de Unidad para obligar a la Alcaldía paceña a ceder parte de lo que considera su territorio, subió de tono con la convocatoria a una Marcha de la Paceñidad, a la que se plegaron miles de moradores del municipio.

Para el 5 de septiembre organizaciones sociales de los tres municipios vecinos convocaron a  un cabildo, para adoptar medidas de presión.

El Gobierno cree que el proyecto de Ley de Unidades Territoriales que se encuentra en el Senado, y que reemplazará a la 2150, es la única vía para hallar una salida a la actual crisis. Si se agota el procedimiento administrativo,  el conflicto tendrá que resolverse mediante un referéndum, como establece la Ley  Marco de Autonomías.

Los líos limítrofes de La Paz

Con Achocalla: Alpacoma; con Mecapaca: Zoológico y Mallasa; con Palca: Villa Copacabana, Hampaturi, Pongo, Chuquiaguillo, Pampahasi, Irpavi, Ciudad del Niño, Kupini y Ovejuyo; con El Alto: Faro Murillo y otros.

Fejuve La Paz pide audiencia al Presidente

El presidente de la Federación de las Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Arturo Quispe, envió ayer una nota al presidente del Estado, Evo Morales, para que intervenga directamente en el problema de límites que tiene el municipio paceño con sus vecinos de Achocalla, Mecapaca y Palca.

El pedido surge ante lo que la dirigencia vecinal considera un desentendimiento del problema, tanto de la Gobernación del departamento de La Paz como del Ministerio de Autonomías.

«Esto es algo preocupante porque se está manejando con una total irresponsabilidad y eso es una burla para toda la ciudad de La Paz», manifestó Choque. El dirigente vecinal alentó su esperanza de que el Jefe del Estado los reciba.

«Queremos el mismo trato que otras instancias. Seguimos en emergencia, seguimos declarándonos defensores de La Paz».  El vicepresidente de la Fejuve, Jesús Vera, agregó que «nosotros queremos que las leyes 1669 y 453 se respeten.

Son normas que no pueden ser vulneradas».  Las juntas encabezaron el miércoles una masiva marcha en defensa de la integridad territorial del municipio de La Paz.

La Alcaldía rechaza posición ministerial

El Gobierno Municipal de La Paz rechazó ayer la afirmación del Ministerio de Autonomías de que La Paz no tienen sus límites definidos y que las leyes 1669 y 453 no son precisas. 

El director jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, lamentó el supuesto desconocimiento del Gobierno» sobre los antecedentes de creación de los municipios  «Existen precedentes legales que van más allá de que se cuestione su validez, alcance o precisión».

«Decir que no hay límites es negar que hay una jurisdicción para los procesos de votación. Si es así, ¿bajo qué parámetros se definió la coparticipación tributaria? o ¿bajo qué parámetros definió la Corte Nacional Electoral que X población vote por una autoridad? Nos parece un desatino  señalar que no hay un límite».

Velásquez reconoció que existe un proceso inconcluso de delimitación del municipio de La Paz, situación en la que se hallan otros municipios. Según datos oficiales, sólo 25 de los 339 municipios tienen saneados sus límites.  

Con relación al cumplimiento de la Ley 2150 (de Unidades Político Administrativas, aprobada en 2000), que establece los procedimientos para delimitarlas, afirmó que si se observa a La Paz, se tendría que observar también a El Alto, que «no ha seguido ninguno de los pasos para establecerse».

Tampoco se pueden restituir los límites ancestrales, como exigen Achocalla, Palca y Mecapaca. Si fuera el caso, el municipio de El Alto tendría que dejar de existir. «No aceptamos esa posición, es una falta de criterio», agregó.  Velásquez considera que el ministerio pone en riesgo la seguridad jurídica y la propia institucionalidad del Estado.

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