El fiscal de materia Aldo Ortiz informó ayer que se realizó el allanamiento del domicilio y las oficinas de su colega Franklin Aguilar, acusado de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y emisión de resoluciones contrarias a la ley, por haber dispuesto la liberación de delincuentes a quienes no halló indicios de culpabilidad.
El sindicado está prófugo.
Ortiz recordó que el miércoles 14 una peligrosa banda familiar de cogoteros y monreros fue descubierta in fraganti por la Policía cuando se aprestaba a robar una sala de internet en Alto Tacagua. «Los cinco delincuentes maniataron al propietario del sitio de internet y lo agredieron físicamente. Han utilizado una pistola eléctrica para mantenerlo quieto».
En este caso, explicó que Aguilar remitió «la resolución 228, implicando que se los deje en libertad debido a que no habían elementos suficientes». Sostuvo que el fiscal amplió dicha resolución y sólo presentó la imputación contra tres de los cinco aprehendidos, pero no acudió a la audiencia.
Los delincuentes habían salido hace dos meses de la cárcel tras cumplir una condena por robo agravado. Por ello, el Ministerio de Gobierno presentó una querella formal contra el fiscal de materia Franklin Aguilar Boyán, ahora prófugo.
