“La investigación ya ha concluido, hay imputación, hay acusación y estamos en pleno juicio oral, toda vez que éste se instaló el 24 de abril, en el Tribunal 1° de Sentencia del distrito de Cochabamba, y se reanuda este miércoles”, informó a La Razón María Arduz, una de las abogadas que patrocina a la familia de la víctima.
Seis personas fueron imputadas por el deceso de Rufina Morales de Ayma; una es Nelly Charo Gonsález, propietaria de la farmacia La Florida, en la que según las investigaciones empezó el drama de la anciana, que entró en shock tras recibir una inyección aplicada por González, una profesora que se hacía pasar por farmacéutica.
La parte querellante afirma que la mujer fue dada por muerta y los imputados tomaron el cuerpo y lo abandonaron en la vía a Santibáñez. Sin embargo, volvieron a recogerlo más tarde, para evitar que sea reconocida o se establezca la causa del fallecimiento.
Arduz relató —apoyada en la reconstrucción del hecho— que con este fin desmembraron el cadáver, hicieron desaparecer el tórax y le arrancaron el cuero cabelludo. En los restos del cuerpo se advierte el uso de un bisturí.
“La fecha de la muerte exactamente no se la puede decir, pero hay certeza de que la señora Rufina fue a esa farmacia el 8 de junio de 2009 y le aplicaron una inyección en la vena”.
Nueve días después, la Policía encontró sólo partes del cuerpo de la víctima en la carretera a Santibáñez (Km 15, zona de Huayñacota, en Cochabamba).
“No tenemos partes esenciales (las vísceras) que nos puedan decir la causa de la muerte, no podemos hacer un examen de toxicología”, explicó Arduz.
Empero, se logró determinar que la data de la muerte es de 36 horas antes del hallazgo del cuerpo, el 16 de junio de 2009, lo que quiere decir que todo ese tiempo estuvo con vida y no recibió el auxilio pese a que “hay un centro médico a una cuadra de la farmacia”.
Cuatro de los procesados están con detención preventiva en las cárceles de San Sebastián y El Abra, y una guarda detención domiciliaria. “La pena que pedimos es de 30 años de presidio sin derecho a indulto, porque a una persona que está en estado de coma deciden quitarle la vida”, dijo.
La abogada explicó a este diario que se prevé que la sentencia se dicte en una semana o en diez días como máximo.
Las partes de este proceso
u acusados
Nelly Charo Gonsález, Carlos L.Q., Freddy G.F., Gualberto G.F., Rachelli P.A. y Rogelia D.L. figuran como acusados de la muerte de Rufina Morales de Ayma.
Querella
El juicio es seguido por Leonor y Johnny Ayma Morales, representados por las abogadas María Arduz, Rocío Peñaranda y Patricia Guevara.La maestra que fingió ser doctora
La dueña de la botica no era farmacéutica, pero colocaba inyectables
La mañana del 8 de junio de 2009, Rufina Morales de Ayma fue a cobrar su renta Dignidad en una sucursal de Prodem situada en la calle Montes de la ciudad de Cochabamba. Luego se dirigió a la farmacia La Florida, a la que acudía desde 2007 para comprar medicamentos que le ayudaban a aliviar sus dolencias.
“La dueña de la farmacia se hacía llamar ‘doctorita Charo’, pero no es farmacéutica, es profesora. Ella contrató a una bioquímica para sacar la autorización de la botica”, dijo la abogada María Arduz, quien patrocina a la familia de la víctima.
“Doña Rufina, confiada en la supuesta doctora, se hacía inyectar complejo B porque tenía artritis deformante en manos y pies”, añadió la profesional.
Ese 8 de junio, Rufina Morales de Ayma salió en compañía de su esposo, pero cada uno tomó un rumbo diferente. Ella iba a cobrar su renta Dignidad y él su renta de jubilación. Antes de separarse, acordaron encontrarse en el mercado La Pampa, pero la víctima no apareció y su cadáver fue hallado nueve días después.
“La ‘doctora’ le inyectó en la vena ampicilina combinada con complejo B, lo que le ocasionó un shock. En lugar de pedir ayuda a la clínica que está cerca, llamó a una ginecóloga para que le preste ayuda, pero el problema se agravó y la dieron por muerta para luego deshacerse del cuerpo”, dijo Arduz.
Se supo que en ese ínterin la farmacia atendió con normalidad, “para no levantar sospechas”.
La defensa de los acusados, la mayoría familiares, ahora alega homicidio culposo, que tiene una pena de sólo tres años de prisión.
