Para combatir la inseguridad en El Alto, los vecinos de esta ciudad propusieron colocar rejas en las vías para evitar el ingreso de desconocidos a los barrios, rehabilitar la granja de Miguillas y crear una Escuela de Padres, entre una veintena de planteamientos.
Estas propuestas forman parte de los resultados del Primer Foro de Experiencias Vecinales sobre Seguridad Ciudadana, organizado por la Defensoría del Pueblo y en el que participaron cerca a 400 representantes de instituciones. El representante especial en El Alto de la Defensoría del Pueblo, José Luis Hidalgo, dijo que algunas de esas propuestas se ajustan a las normas establecidas en el marco de los Derechos Humanos, pero otras son inviables legal y jurídicamente.
Por ejemplo, los vecinos sugirieron colocar rejas con candados en las calles para que sólo puedan ingresar las personas que viven en la vía y sus conocidos. Sin embargo, para el Defensor esta acción violaría el derecho a la libre transitabilidad, establecido en la Constitución Política del Estado.
Libertades. “Cerrar una calle, eso debería ser consecuencia de un análisis legal y habría que ver en qué circunstancias, pero así, viéndolo muy general, en una vía pública es poco factible”, explicó el representante del Defensor.
Además del enrejado de las calles, los dirigentes mostraron interés en volver a abrir la exgranja de Miguillas, en Caranavi, para que ahí trabajen los privados de libertad. Dicho lugar fue cerrado porque organizaciones de derechos humanos denunciaron que en el lugar se vulneraba la integridad de las personas que realizaban trabajos forzados y que, en muchas ocasiones, eran víctimas de maltrato.
Según Hidalgo, tal propuesta salió al debate durante el seminario porque los vecinos observan la administración en la justicia, a la que califican de permisible y favorable a los delincuentes.
“Es una buena iniciativa, pero no en las condiciones de antes. Si una granja es bien administrada, cumpliría su fin y daría al privado de libertad una posibilidad de rehabilitación mediante el trabajo. La terapia ocupacional está establecida en la ley penal”, opinó. La tercera idea destacada, propuesta por las juntas vecinales, es crear escuelas de padres.
Los progenitores reflexionaron sobre la importancia que tiene el orientar a un menor o adolescente en caso de que sea víctima de un robo o asalto. También coincidieron en que si no existe un buen diálogo entre padres e hijos, los últimos pueden caer en vicios y pandillas delincuenciales.
Los vecinos reconocieron también que no tienen información clara sobre los límites de la justicia comunitaria, dado que en esta ciudad se ha hecho práctica común ajusticiar a los presuntos ladrones con el denominado “linchamiento”. Muchos de ellos desconocen que, de acuerdo con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, dicha acción está prohibida y es catalogada como un delito.
Análisis. Según Hidalgo, existen iniciativas que requieren de una evaluación para su futura aplicación y otras que se podrían implementar en menos tiempo, como por ejemplo intensificar rondas de vigilancia, distribuir pitos y petardos, conformar brigadas vecinales, escolares, iniciar gestiones para instalar cámaras de video e impulsar más proyectos para evitar que los delincuentes se refugien en las áreas periurbanas y rurales aledañas.
El encuentro entre vecinos, escolares, adultos mayores y la Policía Comunitaria se realizó el miércoles. Dado el impacto y los resultados, la Defensoría del Pueblo replicará el mismo en otros departamentos del país. Pero Hidalgo señaló que ahora los participantes deberán tomar en cuenta la factibilidad, sostenibilidad, legalidad y respeto a los derechos humanos en cada iniciativa.
