La decisión fue asumida en audiencia de medidas cautelares por el juez Juan José Subieta en el proceso instaurado por la concejal suspendida Desirée Bravo contra sus colegas Enrique Landívar, Yanine Parada, Sibele Ortiz, Carlos Manuel Saavedra y Leonardo Roca.
La Ley de Autonomías refiere que la suspensión definitiva de autoridades ediles corre con una sentencia ejecutoriada en caso de juicios, mientras que para la temporal prevé la necesidad de una acusación fiscal.
Roca cuestionó la decisión y denunció que hay intereses políticos, considerando que el Concejo no sesiona desde el jueves 5 debido a un conflicto desatado por la posesión de la nueva directiva liderada por Óscar Vargas de la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos (SPT).
“El juez ha prohibido que los concejales asistan al Concejo, ha pedido el arraigo y una fianza de Bs 10 mil para cada uno. Hemos presentado la apelación”, explicó Mirna Arancibia, abogada de los concejales de la agrupación SPT, quien opina que el objetivo es evitar que los ediles se reúnan.
Subieta explicó que la decisión obedece a que ve riesgo de obstaculización en la investigación. “La prohibición de acercarse al Concejo fue en relación a que el Ministerio Público dijo que se habían perdido pruebas como ser un video y que existen funcionarios subalternos que les debían obediencia a ellos”.
La decisión podría derivar en la ausencia de labores legislativas en los 45 días en los que no deben asistir al Concejo. Éste está conformado por 11 representantes y para instalar una sesión se requiere que al menos seis asistan a la convocatoria. Por ahora están habilitados tres concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), un disidente masista actual aliado del SPT, y dos ediles de este último frente.
Bravo instauró un juicio a sus colegas, luego de que el 18 de marzo la suspendieran del cargo con siete de 11 votos del Concejo a raíz del juicio que le sigue la Dirección Departamental de Educación (DDE) por la supuesta falsificación del certificado de notas de cuarto de Secundaria. Arancibia aclaró que sus clientes sólo cumplieron con la resolución dictada por un amparo constitucional.
Experto critica la determinación
El municipalista Carlos Hugo Molina consideró que la decisión judicial “es una estupidez jurídica”, porque no hay un argumento legal para una decisión de esa naturaleza. “Lo que habría que preguntarle al juez (Juan José Subieta) es cuál es la valoración que hace para establecer 45 días, por qué no 30 o 60, y el motivo por el que se estaría impidiendo la comunicación entre ellos, suspendiendo un derecho que tienen”, cuestionó.
El juez ordenó a los concejales Enrique Landívar, Yanine Parada, Sibele Ortiz, Carlos Manuel Saavedra y Leonardo Roca no acudir al Concejo por 45 dás con el argumento de que existe riesgo de obstaculización de la Justicia.
Los concejales son enjuiciados por su colega Desirée Bravo, acusada de falsificar la libreta de notas de cuarto de Secundaria. “Está claro, lo que se quiere hacer aquí es logar la habilitación de los concejales suplentes y, a través de ellos aprobar todo lo que estos concejales procesados no han querido sancionar, porque estarían reñidos contra la ética, económico y legal”.
El Concejo de Santa Cruz arrastra una crisis desde el jueves 5, cuando fue posesionada la directiva liderada por Óscar Vargas. Un grupo de personas tomó las instalaciones del ente e impide las sesiones.
