El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), César Quisbert, informó que apelarán a acciones tendientes a crear conciencia para que quienes migraron vuelvan a los pueblos para el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), previsto para noviembre.
Autoridades de municipios rurales como Guaqui, Desaguadero y Charaña también expresaron su preocupación por lo que podría ocurrir si la población disminuye respecto al censo de 2001. “Queremos planear cómo hacer para que las familias de Charaña permanezcan en la población el día del censo, para conseguir más recursos que mejoren nuestra situación”, expresó la autoridad originaria de Charaña, Rubén Machaca.
De acuerdo con la Ley de Participación Popular, la asignación de recursos económicos a cada municipio depende de la cantidad de población, lo que precisamente establecerá el censo.
El alcalde del fronterizo municipio de Desaguadero, Lucio Flores, informó que la próxima semana concretará reuniones con autoridades locales con el propósito de definir acciones para evitar el traslado y lograr el retorno de personas al municipio.
La dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Julia Ramos, coincidió con Quisbert y Machaca en la necesidad de garantizar el mayor número de habitantes en los diferentes pueblos. “Las representantes departamentales sostendrán el 4 de julio, en Santa Cruz, una reunión para analizar el tema de migración en el censo, el avance del proceso de empadronamiento y (el contenido de) la boleta censal”.
Al menos 20 mil habitantes de Riberalta, Beni, se trasladan entre octubre y enero a Pando por la zafra. El diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) Einar Gozálvez explicó que esta situación afectará a Riberalta en cuanto a sus ingresos económicos futuros, por lo que planteó la necesidad de hacer el censo antes de octubre.
El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ramiro Guerra, explicó que las personas serán censadas en el lugar donde hayan pernoctado la noche anterior al registro.
El 13 de junio fue aplicada una prueba piloto de empadronamiento en Guaqui (La Paz). Actualmente está en curso un trabajo precensal orientado a la actualización cartográfica, que consiste en obtener datos nuevos, por ejemplo de cuántas familias habitan una casa. Quisbert planteó que el censo se desarrolle la primera quincena de noviembre porque después empieza a migrar gente de Charaña.
Cambios en la redistribución
Para el director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem), Mario Galindo, los problemas de migración durante el censo continuarán mientras la asignación de recursos sea por la cantidad de población en cada municipio.
Por ello, aseguró que la única forma de evitar este aspecto es modificar la normativa para la asignación de recursos de coparticipación tributaria, antes de la realización del censo poblacional.
“El parámetro que debería tomarse en cuenta es la pobreza, ya que podría dar buenos resultados y evitaría el flujo de migración”. Sugirió que también debería tomarse en cuenta los indicadores de salud y educación para la distribución del dinero.
El sociólogo René Pereira recordó que en el Censo de 2001 surgieron varios descontentos de municipios que aseguraron no haber recibido el dinero esperado. Planteó utilizar otros criterios para evitar problemas. “La distribución debería basarse en las líneas de pobreza a nivel municipal, que elabora el Censo de Población”, insistió Pereira.
