La Contraloría General del Estado descartó ayer la posibilidad de intervenir la administración del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, a quien concejales disidentes de su misma agrupación ciudadana acusan de favorecer con un contrato a la firma Servicios & Operadores (SIO). El presidente del Concejo, Óscar Vargas, pidió la intervención de la Contraloría a fin de cuantificar el daño económico causado a la ciudad.
El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, recordó que los denunciantes presentaron una demanda al Ministerio Público. “Entonces no tenemos por qué intervenir u ordenar una auditoría externa, porque sería gastar esfuerzos por doble partida”, explicó. SIO es una empresa encargada del cobro de impuestos y la actualización de catastro en el período 2005-2010, trabajo por el que en cinco años recibió $us 55 millones.
Según los disidentes de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), la firma no avanzó en la modernización del catastro. Por ello, la anterior semana presentaron una demanda en la Fiscalía en contra de Fernández por los delitos de favorecimiento económico e incumplimiento de deberes. En 2010, el Concejo rescindió el contrato con SIO, que inició un proceso a la Alcaldía exigiendo el pago Bs 125 millones por daños y perjuicios.
