Las leyes punitivas y los abusos de los derechos humanos están costando vidas, desperdiciando dinero y entorpeciendo la respuesta global al SIDA, según un informe publicado hoy por la Comisión Global sobre VIH y Derecho.
El estudio, elaborado por ese organismo independiente del que forman parte líderes y expertos mundiales, afirma que los líderes globales, la sociedad civil y la ONU deben exigir a los gobiernos que cumplan con los más altos estándares en derecho internacional, la salud pública y los derechos humanos.
En conferencia de prensa, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, describió la discriminación injusta e inaceptable que sufren muchas personas simplemente por el hecho de portar el VIH, algo que oculta la proporción real de la epidemia.
“Es muy importante que la Comisión marque la pauta sobre el papel crucial que debe jugar la Ley en el enfrentamiento del VIH”, dijo Eliasson, según publicó hoy la página web de la ONU.
Según el documento, en más de 60 países, exponer a otra persona al VIH o transmitírselo constituye un crimen, la actividad sexual entre personas del mismo sexo está penalizada en 78 países, y en algunos como Irán y Yemen, se castiga con la pena de muerte.
Asimismo, indica que hay leyes que penalizan intervenciones eficaces para los usuarios de drogas inyectables y que varias legislaciones socavan la capacidad de las mujeres para negociar sexo seguro y protegerse de la infección del VIH.
El texto añade que a pesar de los descubrimientos científicos y miles de millones de dólares de inversiones que han llevado a una expansión notable de la prevención y el tratamiento del VIH, muchos países desaprovechan los recursos al promulgar y aplicar leyes que socavan estas inversiones esenciales.
La Comisión Global sobre el VIH y Derecho es un organismo independiente, fue establecida a solicitud de ONUSIDA y es respaldada por el (Programa de la ONU para el Desarrollo) PNUD.
Su informe recoge las opiniones y conclusiones de sus miembros, así como sus recomendaciones a los países, los actores de la sociedad civil, el sector privado y las Naciones Unidas.
