La Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) abrió un proceso penal en la Fiscalía de Distrito contra concejales y autoridades del municipio de Santa Cruz de la Sierra por la afectación al área ecológica metropolitana del Piraí.
Emitió, además, una resolución que prohíbe la deforestación de las orillas del afluente y conmina a los municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno y Warnes a presentar un plan de reforestación en 30 días.
El director nacional de la ABT, Clíver Rocha, reveló que el bosque de protección ecológica fue alterado por la Resolución Municipal 150/2009, que permitió la construcción de quintas, restaurantes y paseo para bicicletas.
“Las coordenadas fueron alteradas, hecho que creó nuevos límites, contraviniendo la Ley Forestal, que establece una franja ecológica de 1.000 metros”. Según Rocha, “el río Piraí está en serio peligro, porque se ha destruido su servidumbre ecológica, hecho que podría derivar en rebalse de las aguas en temporada de lluvias afectando a la población”.
Culpables. Durante la investigación, la Fiscalía tendrá que identificar a quienes emitieron la resolución y quienes consintieron los asentamientos en el cordón ecológico para sancionarlos, ya que éstos se produjeron en diferentes gestiones edilicias.
Para la ABT, las cabañas y la plazuela de los próceres construidas por la Alcaldía cruceña, además del barrio Ambrocio Villarroel y las casas residenciales están dentro del cordón ecológico.
“No es nuestra potestad desalojar a estos sectores, eso tendrá que hacerlo la Alcaldía”, aclaró Rocha. La autoridad de la ABT explicó que la resolución que prohíbe desforestar la zona busca evitar que se corten más árboles. A partir de hoy nadie podrá derribar el bosque, los infractores serán pasibles a sanciones penales”, recalcó.
