La presentación del anteproyecto se efectuó en un acto oficial en el Palacio de Gobierno. Los periodistas no tuvieron acceso al documento, pero según las autoridades, los profesionales están excluidos del beneficio.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, explicó que la ley sólo obligará a los municipios de las nueve capitales y El Alto —diez de los 337 con los que cuenta Bolivia— a reincorporar a este grupo de trabajadores a la ley laboral por su crecimiento poblacional y su sostenibilidad económica.
“Estamos a cuatro días del aniversario de los trabajadores municipales y este es un gran regalo del Presidente. Debemos ser claros, de los 337 municipios hoy se incorpora a los trabajadores de diez de ellos, porque hemos visto la imposibilidad e incapacidad económica de los otros municipios, pero si hay crecimiento y mayores recursos, se los irá incluyendo de manera paulatina”, manifestó.
La reincorporación de obreros y trabajadores manuales municipales a la Ley General del Trabajo les garantiza estabilidad laboral y acceso a beneficios sociales como aportes para la jubilación, seguro médico, vacaciones, pago de finiquitos y otros.
Separación. Una parte de los trabajadores municipales —entre ellos los profesionales— fueron separados de la Ley General del Trabajo por efecto de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (2027) aprobada en 2009, por lo que en la actualidad sólo el 20% de los obreros municipales está protegido por esa norma.
Además, la Ley de Municipalidades (2028), en el inciso 3 del artículo 59, dispone que sólo las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, para la prestación directa de servicios públicos, se encuentran sujetas a la ley laboral.
“Es obligación de usted, Juan Carlos Trujillo, junto a su comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y obligación del Gobierno nacional, ver cómo proteger a ese 80% de trabajadores que no tienen ciertos derechos”, dijo el Jefe del Estado ayer.
La incorporación del sector a la Ley General del Trabajo fue observada por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), que cree que implicará sobrepasar el 25% del límite impuesto por la ley a las alcaldías para sus gastos de funcionamiento, que incluye el pago de remuneraciones, servicios, mantenimiento y otros.
“Nos está devolviendo la dignidad, esa dignidad que nos cercenaron los gobiernos neoliberales desde el 2000”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, Godofredo Soto.
A la espera de una pronta promulgación, Morales insistió en que urge adecuar la Ley General del Trabajo a la nueva Constitución Política del Estado. “Si no aceleramos, seguramente este acuerdo con los municipales puede ser en vano”, agregó.
La reincorporación de los trabajadores municipales a la ley laboral fue incluida en el pliego de la COB en 2011 y fue repuesta en el pliego petitorio de este año. La semana pasada, tras una reunión con dirigentes de la central sindical en el Palacio de Gobierno, el Mandatario dio su visto bueno.
Lo que disponen las leyes
– Las normas establecen que el porcentaje máximo que las alcaldías pueden destinar a cubrir sus gastos de funcionamiento es del 25% de los recursos que reciben por transferencias del Gobierno
– El porcentaje de aplica sobre el total de recursos propios y coparticipación tributaria, ya que los gastos de funcionamiento se financian sólo con estas dos fuentes.
La FAM pide ampliar margen de gastos de funcionamiento
El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Ariel Rojas, pidió ayer ampliar del 25% al 30% el porcentaje destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las alcaldías, para incluir a los trabajadores municipales en la Ley General del Trabajo. “No estamos en contra, pero hay que buscarle una solución”, dijo en declaraciones reproducidas por la agencia estatal ABI.
Sin embargo, la ministra de Autonomías, Viviana Caro, declaró anoche que según estudios realizados por esa cartera de Estado, las diez alcaldías incluidas en el proyecto de ley tienen recursos suficientes para cubrir esta obligación que beneficia sólo a una parte de los trabajadores ediles. “No tienen por qué pedir más”.
