Este hecho —que profundiza la crisis política en esta Alcaldía— se produjo la noche del martes, apenas Bravo recuperó su condición de presidenta del Legislativo edil, tras ser absuelta en el proceso por falsificación de su certificado de bachiller, instaurado por la Dirección Departamental de Educación y encaminado por los “rebeldes”, que la suspendieron para que enfrente el juicio.
Los suspendidos —Óscar Vargas, Leonardo Roca, Carlos Manuel Saavedra, Yanine Parada, Sibele Ortiz y Enrique Landívar, de SPT, y la masista Arminda Velásquez— tienen una acusación formal de la Fiscalía en un “contraproceso” que les sigue Bravo por haberla suspendido.
Los afectados tacharon de ilegal la suspensión y acusaron a sus suplentes de usurpación de funciones, aunque SPT y MAS alegan que ejecutaron la suspensión al amparo de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías.
Ley. El primer artículo dispone que las autoridades electas, entre ellas los concejales, podrán ser suspendidas de manera temporal “cuando se dicte en su contra acusación formal”. El segundo, determina la suspensión sumaria del representante que tenga una acusación formal (inciso 1) y “si se tratara de (…) concejalas y concejales el Concejo designará al suplente” (inciso 3). Sin embargo, dos analistas sostienen que la constitución del Concejo paralelo es ilegal, apoyándose en la Ley de Municipalidades que está vigente (ver apoyo).
“La acusación formal se tiene que materializar con una resolución de suspensión, luego se convoca a los suplentes, pero en este caso primero llamaron a los relevos para enajenar del cargo a los titulares”, explicó el analista José Luis Santiesteban.
Bravo fue restituida en la presidencia por tres concejales del MAS y cuatro suplentes de SPT, por lo que el ente está integrado por cuatro titulares e igual número de suplentes.
Éstos son: Freddy Soruco, José Quiroz y Saúl Ávalos, del MAS; Desirée Bravo y los suplentes Romer Porcel (de Sibele Ortiz), Ronay Méndez (de Leonardo Roca), María Angélica Zapata (de Enrique Landívar) y Loreto Moreno (de Manuel Saavedra), de SPT.
Los suspendidos no reconocen le legalidad de este Concejo, por lo que la municipalidad tiene ahora dos legislativos. La directiva encabezada por Óscar Vargas está integrada por los titulares Carlos Saavedra, Leonardo Roca, Sibele Ortiz, Yanine Parada y Enrique Landívar, de la agrupación SPT, y Arminda Velásquez, del MAS.
Saavedra, secretario del Concejo, manifestó que lo que hicieron Bravo y los suplentes no tiene pies ni cabeza. “Eso no tiene validez, nosotros seguimos siendo concejales”, manifestó.
Bravo justificó la conformación del nuevo Concejo y la participación de los suplentes. “Ellos ya fueron habilitados porque en anteriores oportunidades participaron de las reuniones”, indicó. “Como sabemos que los ediles del SPT no pueden ingresar al Concejo porque tienen una acusación formal, entonces llamamos a los suplentes”, alegó el concejal masista José Quiroz.
Dos analistas sostienen que los suplentes cruceños no se habilitaron legalmente
Dos analistas, Carlos Hugo Molina y José Luis Santiesteban, observaron ayer la conformación de un Concejo paralelo con suplentes y la legalidad de sus actos. Según Molina, un suplente para asumir la titularidad interina debe seguir el procedimiento, como la acreditación expresa y una habilitación, lo que no se realizó en el caso del municipio de Santa Cruz de la Sierra.
“Los concejales que están operando en este Concejo ‘trucho’, pueden recapacitar y entender que lo que están haciendo es absoluta y rotundamente ilegal”, declaró y añadió que este caso, que tendrá que resolverse en la Justicia, pondrá sobre la mesa la independencia de este órgano.
Santiesteban dijo que los concejales suplentes han cometido el delito de usurpación de funciones y sedición, porque no fueron convocados legalmente, y sus actos violan la Constitución y la Ley de Municipalidades.
“Los suplentes asumirán la titularidad cuando los concejales titulares dejen sus funciones en forma temporal o definitiva, por fallo judicial ejecutoriado o ante renuncia o impedimento definitivo, o en caso de haber sido elegidos alcaldes”, dice el artículo 31, inciso 2 de la última norma. “En este último caso no ocurrió ninguno de éstos, lamentablemente en el Concejo se vienen violentado las leyes y la Constitución”, aseguró el entrevistado en declaraciones a este diario.
