“En un operativo que la Policía y el Servicio Departamento de Salud (Sedes) realizaron el año pasado, en uno de los locales se encontró a un bebé que jugaba con los condones mientras su madre se dedicaba a la prostitución”, dice una copropietaria del edificio Krsul.
Este medio conoció de fuentes oficiales que varias mujeres (no pudo determinar la cantidad) asisten con sus niños a estos lugares porque no tienen dónde dejarlos, y ellos son testigos de lo que ocurre en el interior del local. “Ellos están sentaditos en un lugar, ahí donde ellas trabajan”, manifestó una vecina de la calle Figueroa, donde en un edificio funcionan 27 lenocinios. Este dato también fue corroborado por el mayor Wálter Sossa, jefe de la División de Trata y Tráfico de personas de la fuerza anticrimen de La Paz.
Extranjeras. En días de fiesta como en Carnaval, entradas folklóricas y fiestas populares del departamento, extranjeras, principalmente de Brasil y Perú, ingresan al país y trabajan en la ciudad como damas de compañía.
Alquilan una oficina o un departamento —en la zona Sur principalmente— y sacan avisos en los periódicos para captar clientes. Luego de unos meses ellas retornan a sus países. El precio que cobran por cliente va desde los $us 100 la hora. Ellas son sus propias administradoras. En cambio “las otras tienen jefes. Sé que las bolivianas hasta pildorean (ofrecen bebidas con somníferos) a los hombres”, dijo una fuente de la Policía departamental de La Paz.
Cerca de 10 mil mujeres en el oficio
Según datos del Sedes, unas 10.000 mujeres se dedican a la prostitución en el centro de la ciudad; de ellas, sólo 3.000 portan su libreta de salud. Hay un tarifario por el tipo de servicio que pide el cliente, cobran más si es sin condón.
Las normas no disponen quién debe clausurar
Debido al perjuicio que ocasiona la vecindad con los lenocinios ilegales que funcionan en el centro de la ciudad, copropietarios de edificios y oficinistas que trabajan cerca de ellos piden que éstos sean clausurados definitivamente o trasladados a otros puntos alejados de la urbe.
De acuerdo con el Código de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) sólo realiza controles para verificar que operen en condiciones de higiene, caso contrario los clausuran. “Es decir que tengan baños, cambien las sábanas, que cada cuarto tenga paredes y no cortinas y que ellas porten su libreta de salud”, indicó una fuente a este medio.
Neil Navarro, jefe de la Unidad Especial de Seguridad Pública de la Alcaldía paceña, señaló que su unidad sólo controla los locales como actividad económica y que es el Ministerio Público el que debe encargarse de cerrarlos definitivamente. “El proxenetismo (figura en que incurren los que abren prostíbulos) no es lícito, está penado por ley, y no se puede normar algo tipificado en el Codigo Penal. Es el Ministerio Público el que debe encargarse de ese trabajo. Si uno de estos locales tiene actividad económica, como vender alcohol, entonces entra la Alcaldía a fiscalizar”. Los prostíbulos que funcionan en el casco central son ilícitos y sus empleadas no tienen carnet sanitario.
