La información la proporcionó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien también explicó que los recursos provendrán, no sólo del Gobierno nacional sino también de los municipios y gobernaciones de tal manera de garantizar una participación activa de los diferentes actores autonómicos en el desafío de luchar contra la inseguridad ciudadana.
La norma fue diseñada bajo el principio de la protección de la integridad física de las personas y busca una “reingeniería” de la Policía de tal manera que interactúe con la sociedad a través del fortalecimiento de la Policía Comunitaria, destacó.
El patrullaje aéreo, cámaras de monitoreo electrónico (en todos los cajeros automáticos, locales de diversión) y el sistema de rastreo GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en la movilidades de servicio público y flotas son, entre otros aspectos los desafíos, según Romero, que debe alcanzar la institución del orden.
Informó que el Gobierno destina anualmente alrededor de 2.200 millones de bolivianos para las tareas de seguridad ciudadana. A este monto –dijo- se sumará 600 millones de bolivianos que deberán destinar, a partir de la ley, los gobiernos subnacionales.
Los recursos provendrán del 10% del IDH de las gobernaciones y de los municipios con más de 50 mil habitantes. Los municipios con población menor a 50 mil habitantes aportarán con el 5% de sus ingresos por el impuesto a los hidrocarburos, detalló la autoridad.
“La seguridad ciudadana supone una estrategia institucional que comprende un marco jurídico suficientemente completo para confrontar la inseguridad de la ciudadanía”, señaló el ministro, quien destacó que la norma tiene como alcances la protección de los derechos personales y patrimoniales del ciudadano.
La Policía deberá coordinador su labor “con la comunidad, el Ministerio Público, los juzgados contravencionales y las Defensorías de la niñez y la mujer”, sostuvo.
Romero demandó la elaboración un conjunto de normas que coadyuven a luchar contra la inseguridad ciudadana.
