El presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Eloy Tuco (MAS), informó que Pinto —representante de la provincia Aroma por el Movimiento Al Socialismo (MAS)— mantiene su curul, aunque goza de licencia indefinida sin goce de haberes.
La sentencia en primera instancia fue apelada por el asambleísta, que se halla en libertad y es nominalmente un legislador departamental, pese a que familiares de la víctima y opositores exigen la aplicación de la Ley Marco de Autonomías, que su artículo 144 dispone que todas las autoridades electas podrán ser suspendidas de manera temporal en el ejercicio de su cargo “cuando se dicte en su contra acusación formal”.
La acusación formal contra Pinto fue emitida en julio de 2006, cuando comenzó el proceso por el asesinato de Altamirano, secuestrado, torturado y quemado vivo en la plaza de Ayo Ayo el 15 de junio de 2004 por un grupo de comunarios, que lo acusaban de actos de corrupción. En mayo de 2010, Pinto ganó las elecciones para asambleísta, y en julio de ese mismo año se aprobó la ley marco.
El 16 de agosto de 2006 el Tribunal de Sentencia lo condenó, en primera instancia, a él y a otras siete personas, a 30 años de presidio por la comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y secuestro de Altamirano.
“Hemos tenido conocimiento de que el señor Pinto Tola tenía sentencia. Por ello, la Asamblea Departamental, sabiendo que no ha llegado la información oficial, se apersonó ante el Tribunal 5º de Sentencia pidiendo la documentación en tres oportunidades, pero hasta la fecha no nos ha remitido nada. Por ese motivo la Asamblea no se ha podido pronunciar”, declaró ayer Tuco.
Según documentación con la que cuenta este diario, los hijos de Altamirano dirigieron una nota a la presidencia de la Asamblea, notificándole con la sentencia de primera instancia.
Además, en los últimos días, la asambleísta opositora Claudia Bravo (Unidad Nacional) retomó el caso y denunció que Pinto es favorecido con el retraso del tratamiento de su suspensión por militar en el partido de gobierno, a diferencia de lo que sucedió con alcaldes y gobernadores opositores suspendidos sólo con acusación formal, como Manfred Reyes, Ernesto Suárez, Mario Cossío, René Joaquino, Jaime Barrón, Héctor Cartagena, Róger Terceros, entre otros.
“Se van a cumplir dos años de la sentencia y la Asamblea todavía no se pronuncia. Indican que, como no recibieron la fotocopia legalizada, no pueden pronunciarse, pero la ley no señala que se debe presentar esta documentación”, afirmó Bravo. El artículo 148 de la Ley Marco de Autonomías, referida a la sentencia, señala que si ésta es condenatoria, “la suspensión temporal se mantendrá hasta que la misma adquiera ejecutoría; ejecutoría que produce la destitución de la autoridad enjuiciada”.
La sentencia contra el asambleísta del MAS aún no fue ejecutoriada debido a que fue apelada y el caso está en la Corte Suprema. “Mientras no suspendan a Pinto, la provincia Aroma va a estar sin representación en la Asamblea”, declaró la asambleísta, quien denunció que el legislador apela a la “chicana jurídica”.
Algunos datos sobre el proceso
Gabriel Pinto Tola, asambleísta del MAS por la provincia Aroma, fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por la jueza Nancy Bustillos de Altuzarra junto a otras 13 personas. En mayo de 2010, pese a existir un juicio en curso, la entonces Corte Nacional Electoral le entregó la credencial de asambleísta por la provincia Aroma. Pinto también tiene otro proceso por la invasión de los predios de la hacienda Collana.
14 fueron sentenciados por la muerte de Altamirano
El 15 de junio de 2004, el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue secuestrado en la ciudad de La Paz, torturado y quemado vivo en la plaza de ese municipio paceño. Veinticinco personas fueron imputadas por el asesinato, pero sólo 18 fueron procesadas y 14, las sentenciadas.
Fueron condenados a 30 años sin derecho a indulto: Gabriel Pinto Tola, Cecilio Huanca Mamani, Severo Sánchez Layme, Alejandro Valero Mamani, Casiano Pinto Valero, Dionisio Mamani Condori, Norberto Calle Flores y Eulogio Quispe Colque en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
Pedro Flores Mamani, José Luis Herrera y Guillermo Mamani Ramos fueron condenados a 20 años de presidio, por complicidad y secuestro. Olga Jacoba Aguirre Alavez fue sentenciada a cumplir ocho años en prisión y Ciro Buenaventura Loza Castillo y Cecilia Gamarra, a dos años de encierro.
