“Se ha generado una susceptibilidad sin justificación alguna en los maestros. No va a existir sanción a ningún maestro si es que no existe imputación o denuncia formal, que debe estar respaldada con pruebas del delito, entonces en ese sentido la norma prevé aquello”, dijo Quiroz, según ABI.
Sin embargo, el abogado laboralista Marco Dick aseguró que el congelamiento del salario ante una imputación formal, tal como establece el Decreto Supremo 1302, vulnera el derecho al salario de un individuo, pues el sueldo tiene un fin de sobrevivencia.
“Ni a los peores delincuentes del mundo que han sido declarados con sentencia ejecutoriada se les priva de su alimentación mínima, techo y vestimenta, y peor si es una persona a la que ni siquiera se declaró culpable. Es como quitarle el pan de la boca al profesor y su familia durante el juicio, que dura incluso años”, opinó Dick.
Asimismo, indicó que existen muchas imputaciones sin prueba alguna, pues éstas surgen recién a medida que la investigación avanza y es sólo un juez quien define si las pruebas son válidas o no. “Congelar el sueldo vulnera la inembargabilidad del salario y su carácter de alimentación vital”. Quiroz resaltó que la norma busca, en alguna medida, coadyuvar en la erradicación de la violencia en las unidades educativas.
