Un grupo de ancianos y ancianas, llegó ayer hasta la plaza 10 de Febrero agitando banderas tricolor y detonando petardos para exigir justicia, y que la alcaldesa Rossío Pimentel ordene la demolición de las viviendas de la urbanización Sajama, edificada en terrenos que serían de su propiedad.
“Somos aproximadamente 270 extrabajadores relocalizados de las minas, del magisterio y de la Empresa Metalúrgica Vinto, y estamos aquí para exigir a la Alcaldesa que cumpla con la resolución administrativa y la sentencia judicial, y nos devuelvan nuestros lotes que hemos adquirido a través de Fonvis de Ocampo Young”, dijo Máximo Zunagua Paco, uno de los damnificados.
El grupo acusa a algunos vecinos de Pampalamasi de apropiarse de predios que les pertenecen para edificar viviendas y que algunas autoridades han dado cierta legalidad a la urbanización Sajama al instalar agua potable y energía eléctrica, caso que fue de conocimiento del exalcalde Édgar Bazán Ortega.
El excoordinador general de la gestión de Bazán, Wálter García Romay, reconoció que el reclamo de los relocalizados es justo, porque han ganado un juicio ante un juzgado ordinario civil y se han emitido las órdenes de desapoderamiento (sacar bienes de las viviendas) que corresponde a los interesados y los funcionarios municipales dar el cumplimiento.
La alcaldesa Rossío Pimentel, en una reunión de tres horas aproximadamente —que duró de 12.00 a 15.00—, se habría comprometido a convocar a una reunión interinstitucional para hoy a las 18.00, en la que intentarán buscar una solución definitiva al reclamo de los relocalizados, de acuerdo con versiones de Fidel Oxa Vargas, dirigente de ese sector, quien participó del encuentro.
