El transporte público nacional, con excepción del departamento de Santa Cruz, confirmó para este martes la realización de un paro movilizado en demanda de que la Asamblea Legislativa suspenda el proceso de aprobación del proyecto de Ley de Extensión de Dominio de Bienes a favor del Estado.
“Nueve federaciones han ratificado el paro, a excepción del departamento de Santa Cruz”, anunció esta mañana el máximo dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán. Antes, las federaciones rechazaron una carta que hoy fue enviada por autoridades del Gobierno en su afán de impedir la medida de presión.
Durán dijo que no conocía en detalle los motivos por los que los transportistas cruceños decidieron no acatar la medida de presión, aunque anunció que esperarán hasta esta tarde parta ver si revisan esta decisión.
El secretario ejecutivo de los transportistas de Santa Cruz, Mario Guerrero, explicó que decidieron no acatar el paro por falta de coordinación. «No estamos a favor de la Ley de Extinción, sino que no hubo una coordinación a con la Confederación Nacional de Transporte de Bolivia, en tal sentido, el martes el servicio de transporte será completamente normal en Santa Cruz», dijo a los periodistas en esa ciudad.
En los otros departamentos el paro estará acompañado por bloqueos y otras medidas de presión que los dirigentes regionales definirán independientemente, según explicó Durán. “El paro es interdepartamental, internacional e interprovincial, mañana las terminales estarán cerradas…El transporte de carga decidió salir a Bloquear”, informó.
El dirigente recordó además que este es un “paro de advertencia” y que si los legisladores del oficialismo no suspenden el tratamiento del proyecto de ley cuestionado los transportistas aplicarán un “paro nacional indefinido”.
Los transportistas rechazan el proyecto de ley porque consideran que les pone en riesgo de perder sus vehículos al disponer que cuando alguna unidad sea capturada transportando mercadería ilegal sea confiscada y posteriormente pase a manos del Estado si en cinco días los propietarios no demuestran su adquisición legal.
Durán dijo que la mayor parte de los transportistas no realizan un seguimiento contable de sus actividades, por lo que quedarán en riesgo de perder sus unidades en caso de que alguna tercera persona transporte en ellas algún tipo de mercadería ilegal. “Póngase el caso de un pasajero que transporte droga, el vehículo será incautado y luego pasará a manos del Estado sin que esto sea responsabilidad del chofer o del dueño del vehículo”, ejemplificó.
