La Cámara de Diputados aprobó este lunes por la noche en sus estaciones en grande y detalle el proyecto de ley que incorpora al ámbito de la aplicación de la Ley General del Trabajo a los funcionarios ediles de las Alcaldías capitales de departamento y la ciudad de El Alto.
El proyecto de ley determina incorporar a los «trabajadores asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo» de estas diez Alcaldías a la Ley General del Trabajo, con el fin de que gocen de los derechos y beneficios que estipula esta norma y a los que no accedían por su calidad de servidores públicos, como los beneficios sociales.
«El proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, es un proyecto que ha sido enviado desde el Ejecutivo, de acuerdo a un convenio firmado con la Central Obrera Boliviana (COB)», informó a la ANF la presidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Elizabeth Reyes (UN).
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, se dio cita a la Cámara Baja para explicar este proyecto de ley, en ese marco señaló que en el mismo no están contemplados los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así también quienes ocupen cargos de Dirección, Secretaría, Jefatura, Asesor y Profesional.
«De acuerdo a una información los trabajadores solamente aquellos considerados operativos administrativos serán alrededor de 10.000 trabajadores, con esta ley que se va a aprobar el día de hoy (lunes) luego será promulgado en siguientes días van a ser incorporados en la Ley General de Trabajo alrededor de 4.000 trabajadores», indicó la autoridad.
A criterio del diputado Fabián Yaksic (MSM) este proyecto de ley es «discriminatorio», porque sólo beneficia a las nueve Alcaldías capitales de departamento y la ciudad de El Alto, dejando de lado a los trabajadores de las Gobernaciones y de la administración pública del nivel central.
Por su parte, la diputada Norma Piérola (CN) dijo que este proyecto de ley debería favorecer no solamente a los trabajadores de servicios manuales y operarios, sino a todos los funcionarios públicos que trabajan en las 337 alcaldías del país.
«Unos somos funcionarios públicos y otros serán trabajadores que están siendo incorporados a la Ley General del Trabajo, no puede hacerse la aprobación dictatorial, discriminatorita para un sector si, para otro sector no, se debería incorporar a todos», pidió.
La ley establece, además, que una vez que se conozcan los datos del Censo, las demás Alcaldías que no están contempladas en este proyecto de ley deberán incorporar a sus trabajadores, que cumplan los requisitos anteriormente mencionados, a la Ley General del Trabajo, siempre y cuando el municipio alcance un total de 250.000 habitantes.
