El dinero de la Ley del Seguro de Vida contra Accidentes y Enfermedades para los Trabajadores de la Prensa será manejado por una empresa privada. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advierte que se debe conocer en qué condiciones se hará la adjudicación de la administración.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, explicó en radio Erbol que los sectores involucrados en el tema coincidieron en que: “Estos recursos no pueden ser manejados por un Consejo integrado por trabajadores periodistas y por empresarios (…) tiene que ser administrado por una entidad financiera aseguradora privada”.
Dicha entidad será elegida mediante convocatoria pública. Además, un Consejo directivo (con representantes de los periodistas, directivos de los medios y del Estado) hará un seguimiento y fiscalización al manejo del dinero.
El director ejecutivo de la ANP, Juan León, en una entrevista telefónica con La Razón, advirtió que se debe hacer un seguimiento al trabajo de dicha financiera. “Hay que ver en qué condiciones se hace la adjudicación, cuáles son las garantías que se le pide a esta empresa y quién ha de ser el que adjudique”.
León recordó que la ANP no está en contra de pagar el seguro y que la preocupación mayor de la Asociación es que el seguro sea una medida sostenible en el tiempo y que colabore a los trabajadores del gremio.
Beneficiados. Los trabajadores de medios de comunicación en Bolivia, según la ministra Dávila, son aproximadamente 7.000 y todos podrán acceder a este beneficio. El seguro está destinado a las familias de los periodistas, aunque éstos hayan fallecido o hayan sufrido severas lesiones en actividades que no necesariamente estén ligadas a su profesión.
Al respecto, Juan León afirmó que se debe hacer un recuento del número de trabajadores ligados directamente con la actividad comunicacional. “Advertimos nosotros, y alguna gente del Senado, que a este paso se corre el riesgo de que cualquier persona que trabaja tres días y en cualquier trabajo, tenga derecho al seguro. Así, ha de ser imposible atender todas las demandas”.
La ley establece que en caso de que el periodista fallezca, su familia recibirá $us 25 mil. En principio se determinó que se pague $us 10 mil, pero esta reforma está siendo revisada. También se estableció que el fondo de financiamiento del seguro sea con base en un tributo que pagarán los medios de comunicación del país.
El arancel es del 1% de los ingresos brutos generados mensualmente por las empresas comerciales. Los productores independientes, autogestionarios y los medios de comunicación de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas aportarán con el 0,25%.
La ministra Dávila informó: “Hasta antes del proyecto no sabíamos a ciencia cierta de ingresos de los medios y tuvimos que recurrir a informes de impuestos y otras empresas para saber de qué montos hablamos”.
Según datos del Gobierno, los medios obtienen importantes recursos. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 unas 40 empresas declararon que por la venta de espacios publicitarios recibieron más de Bs 1.040 millones. Tras este análisis, Dávila sostuvo que “el 1% (de arancel) no es absolutamente nada, es como poner una raya al tigre”.
Por su parte, León prevé que la aplicación del tributo pueda determinar el cierre de algunos medios. “No vaya a ser que hayan muchos periodistas que tengan seguro de vida, pero no tengan trabajo”, advirtió.
Antecedentes de la ley
Peñasco
En febrero, los hermanos Verónica Peñasco y Víctor Hugo fueron asesinados. El caso abrió el debate del seguro de vida.
Pedido
Dávila dijo que el proyecto fue promovido por Evo Morales a pedido de la federación de trabajadores del departamento de La Paz.
