La disposición restará a los gobiernos locales de las capitales de departamento más de Bs 10 millones anuales, denunció la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) que tiene otras tres observaciones al proyecto del PGE de la próxima gestión.
La Razón no logró contactar a ninguna autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que explique el por qué.
La Disposición Adicional Segunda de ese documento —aprobado en Diputados—, dice que “a los fines de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 8 de la Ley 154, están fuera del dominio tributario municipal las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizados por empresas, sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas y otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de negocio”. La AMB expresó su preocupación por esta medida que les quitaría “impuestos a los municipios”, menciona una nota de esta asociación, que representa a los municipios de las ciudades capitales y El Alto.
Sin embargo, la Ley 154, de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación Para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, fue promulgada el 14 de julio de 2011.
El inciso c) del artículo 8 de la citada norma dispone que son tributos de dominio municipal, “la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan actividad por giro de negocio”.
También establece que el impuesto a las transacciones de empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial, no son tributo edil.
En una solicitada publicada ayer en este diario, el gobierno local de La Paz denuncia la supresión del IT de las empresas instaladas en los municipios y su traspaso al Gobierno nacional. “Esta acción gubernamental provocará un vacío gigantesco (…) que significará para las alcaldías una pérdida de más de Bs 10 millones en sus ingresos propios”. El martes 27, la AMB, reunida en La Paz, hizo conocer otras tres objeciones al proyecto del PGE 2013.
La primera es la evaluación previa de los saldos en caja y bancos de las alcaldías, tarea encargada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“La implicación es que eventualmente quieran realizar una reversión, esa ‘previa evaluación’ está abriendo una puerta para eso”, expresó el director de Finanzas de la Alcaldía paceña, Ramiro Gamboa.
“No es esa cartera de Estado la que debe evaluar saldos en caja y bancos, ya que el destino de estos fondos debe ser definido, aprobado y autorizado por los concejos”, agregó. Según Economía y Finanzas públicas, municipios y gobernaciones tienen más de $us 2.000 millones en saldos.
La segunda observación se refiere a la disposición para que al menos el 20% de las transferencias adicionales que realiza el Gobierno nacional a los municipios de ciudades capitales sean destinados a proyectos que ejecuta aquel nivel de gobierno.
“Con esto se está interviniendo nuestra gestión presupuestaria y nuestros Programas Operativos Anuales. Ya no tendríamos estos montos, que en el caso de La Paz, son entre el 10 y 15% del presupuesto total”, apuntó Gamboa.
Esto, según la solicitada del Gobierno edil de La Paz, implica para el municipio una reducción anual de unos Bs 46 millones.
La tercera se refiere al débito automático a favor del Ministerio de Gobierno de los recursos de programas y proyectos de seguridad ciudadana no ejecutados en seis meses.
“Ésta es una arbitrariedad más, puesto que los plazos de ejecución de los proyectos son de un año y no de seis meses”, sostiene la Alcaldía.
“Un débito automático, con el argumento de que van a ser destinados a los mismos fines, sigue siendo una confiscación”, enfatizó Gamboa.
El titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, negó el viernes que hubiera confiscación. “Les estamos facilitando la vida para que inviertan”, precisó. Sobre los plazos señaló que “seis meses para que ejecuten los planes de inversión es absolutamente suficiente”.
