Un total de 64.276 ciudadanos de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) reciben las prestaciones por desempleo en España, informó hoy a Efe la oficina del vicepresidente del Parlamento Andino, Hildebrando Tapia.
Según esa vicepresidencia, que citó datos del Servicio Público de Empleo de España, reciben ese beneficio 26.494 ecuatorianos, 19.380 colombianos, 9.367 bolivianos y 9.035 peruanos.
Entre los ciudadanos de 60 países que reciben esa prestación, Ecuador ocupa la tercera posición, Colombia la cuarta, Bolivia la séptima y Perú la octava.
En el primer lugar de la recepción de beneficios por desempleo figuran los marroquíes, con 61.770 beneficiarios, seguido por los rumanos, con 60.472.
En una nota de prensa, Tapia explica que cada uno de los inmigrantes recibe en promedio 500 euros mensuales (667 dólares), y consideró «muy difícil» que la situación del desempleo en España se solucione a medio plazo.
«Es muy difícil que esta situación revierta al menos en un corto y mediano plazo. Por eso, va a ser muy complicado que nuestros compatriotas vuelvan a laborar. Mas bien la tendencia indica que la cifra de peruanos desempleados se incremente», añade.
Según el parlamentario andino, al cierre de enero pasado España tenía 4.980.778 personas desempleadas y solo durante ese mes el número creció en 132.055 personas.
«Lo que nuestros inmigrantes necesitan es trabajar, volcar toda su experiencia laboral, sentirse útiles. Por eso, hoy en el país se hace más que necesario que se apruebe la nueva Ley de Retorno», destaca en referencia al proyecto de ley para que se incentive el regreso de profesionales a Perú.
Un portavoz del despacho de Tapia informó a Efe de que el proyecto ya ha recibido los dictámenes favorables de las comisiones de Exteriores y Economía del Congreso de la República, pero aún falta que sea debatido por la Comisión Permanente.
Entre los beneficios planteados figura la afiliación automática, durante un año, al seguro social, la prestación de ayuda psicológica, la homologación de títulos académicos y una probable ayuda económica.
Por ese motivo, Tapia pidió al Congreso peruano «que no dilate más tiempo el debate de esta norma» .
