Un grupo de personas con discapacidad partió ayer de Santa Cruz hacia Lima, Perú, para denunciar ante la comunidad internacional los abusos y la violación a sus derechos cometidos por el Gobierno.
El Ministerio de Justicia arguyó que existe desinformación al interior de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (Copobdi), porque la reglamentación de la ley para el sector es trabajada con las organizaciones. Asimismo, el Gobierno aseguró estar abierto al diálogo.
Con un minuto de silencio por los caídos en la pasada marcha a La Paz y encomendándose a Dios, los marchistas emprendieron el largo viaje. Pronostican llegar a destino en al menos tres meses.
En su primera jornada, la columna de la marcha de silla de ruedas, muletas y bastones llegó hasta el ingreso al aeropuerto de Viru Viru; para hoy está previsto arribar hasta el municipio de Warnes, distante 30 kilómetros al norte de Santa Cruz.
Samuel Cabrera, uno de los marchistas, señaló que se trata de una movilización internacional a la que se irán sumando más personas en el trayecto. Entre las demandas del sector movilizado está la aprobación de la reglamentación de la Ley 223, pago de bono anual y la abrogación del Decreto Supremo 1457, que consideran discriminatorio.
El titular de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, Mario Torrico, dijo que la desatención del Gobierno a sus demandas está generando la movilización. “Estamos cansados del abuso cometido y la violación a nuestros derechos”, subrayó.
Sonia Mujica, representante de La Paz, señaló que se sumaron a la caravana para hacer respetar sus derechos consagrados en la Constitución y las normas internacionales, “pero desafortunadamente han sido violentados por el gobierno del MAS”.
En tanto, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, sostuvo que la reglamentación a la ley está en la última etapa. “El jueves y viernes no sólo se conocerá el documento, sino también el avance y el grado de implementación de la ley”, afirmó la autoridad.
