La primera jornada del paro de 48 horas, con bloqueos de calles y esquinas, convocado en Oruro para que la Asamblea departamental reponga el nombre de Juan Mendoza al aeropuerto internacional, paralizó el centro de la capital, pero no la periferia.
El 7 de febrero, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro nominó a esa terminal aérea con el nombre del jefe del Estado, Evo Morales, como reconocimiento por la inversión efectuada por el Gobierno nacional en su ampliación, mejora y equipamiento.
Organizaciones cívicas, laborales, estudiantiles y universitarias convocaron a un primer paro de protesta el 20 de febrero, y el martes declararon un paro de 48 horas, ayer y hoy, con bloqueos de calles, esquinas y accesos a la capital departamental.
En la primera jornada del paro, el tráfico vehicular, las actividades escolares, laborales y universitarias se paralizaron y la superferia y los mercados centrales no operaron. Sin embargo, el transporte urbano trasladó sus servicios a los barrios periféricos porque el bloqueo no llegó hacia esos sectores.
Comerciantes de la calle Bolívar y adyacentes desarrollaron sus actividades con normalidad, así como algunas tiendas que no se sumaron a la presión. Bancos y empresas privadas trabajaron con cierta normalidad hasta el mediodía, pero una comisión del ente cívico les obligó a sumarse a la presión.
Perjuicio. La Terminal de Buses cerró sus puertas y Tránsito informó que los cuatro accesos a la ciudad fueron bloqueados. Buses provenientes de La Paz, Cochabamba y Potosí llegaron hasta inmediaciones de la capital y los pasajeros se vieron forzados a recorrer largas distancias a pie y con sus equipajes.
Los legisladores que aprobaron la Ley Departamental 045 reiteraron que no se puede volver atrás. A las 14.00 de hoy se convocó a una marcha de protesta y los dirigentes no descartaron que en un mitin se decida asumir otra medida de presión.
El dirigente del Comité Cívico Ad Hoc José Flores, organizado el 15 de febrero y que se reúne en la Gobernación, aseguró que el paro fue contundente sólo en el centro. Este comité sostiene que la gestión de la presidenta cívica, Sonia Saavedra, carece de legitimidad porque su mandado acabó en octubre de 2013.
