— ¿Qué es lo que sigue después de promulgar la Ley Integral?
— Luego viene la reglamentación, ya estamos conformando el equipo de trabajo, como ente rector vamos a recoger todos los aportes para construirlo. Me alegra que el Presidente haya pedido realizar el trabajo en poco tiempo (tres o cuatro meses), esto motiva a que todos readecuen sus tiempos para articularnos, el tiempo será el desafío.
— ¿Qué aspectos principales abordará la reglamentación?
— Por ejemplo, se establecerá el tiempo que debe demorar el procedimiento de denuncia, por eso queremos renovar los protocolos de atención y convertirlos en uno solo para reducir y definir los pasos que se deben seguir para realizar una denuncia. Cada instancia que recibe casos de violencia tiene su propio procedimiento.
— ¿Se podrá frenar la retardación de justicia?
— Sabemos que hay un problema estructural grande con la retardación de justicia, pero con la ley se quiere evitar aquello. Que sea un instrumento para lograr procedimientos ágiles y evitar la revictimización a través de protocolos con cambios, inclusive, en la estructura del personal de atención.
— ¿Habrá sanción para quienes coadyuven con la burocracia?
— Queremos que el nuevo protocolo identifique a aquellos servidores públicos que obstaculicen u omitan algunos procedimientos que afecten el proceso. En este caso proponemos sanciones desde multas, suspensiones temporales, sanción administrativa, hasta reclusión de tres meses a seis años.
— ¿Qué otros puntos habrá en la reglamentación?
— Tenemos previsto llevar adelante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sipase), es una política pública concreta que ya contempla la ley y funcionará bajo dependencia del Ministerio de Justicia.
— ¿Qué funciones se le asignarán al Sipase?
— El Sipase contendrá información estadística y cualitativa, será una base de datos en la que figuren las personas denunciadas por violencia comprobada. El sistema será consultado para verificar si una persona, que se presenta a un cargo público, tiene antecedentes de agresor. Si es así, será inhabilitado porque se supone que las autoridades deben velar por la población, empezando por su familia.
— ¿Qué pasará con las autoridades actuales con denuncias?
— Si a una autoridad actual se le comprueba culpabilidad en un acto de violencia, tendría que establecerse la sanción, no como autoridad sino como varón, pero si paralelamente se cuenta con la reglamentación se puede proceder a la destitución. La norma se cumple para todos, no hay distinción ni preferencia.
— ¿De dónde se obtendrán los recursos para el Sipase?
— Hemos gestionado con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) más de Bs 900 mil para obtener un colchón presupuestario que nos permita articular con las instituciones y crear el Sipase. Estamos en la parte de aprobar estos recursos.
— ¿Y la conciliación?
— En la reglamentación se establecerá que la conciliación será sólo una vez y únicamente en aquellos casos leves. Si vemos agresión extrema, el caso será remitido a las autoridades.
Perfil
Nombre: Lili Karina Marconi Ticona
Nació: 07-11-1982
Profesión: Trab. social
Cargo: Viceministra de Igualdad
Trabajadora social
Tiene 30 años y es una de las viceministras más jóvenes del Gobierno. Ejerce el cargo de Viceministra de Igualdad de Oportunidades desde febrero de 2012; de 2009 a 2010 cumplió funciones como directora general de Niñez, Juventud y Personas con Discapacidad. Estudió Trabajo Social en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y se tituló en 2009. En el periodo de su formación fue delegada estudiantil y auxiliar de docencia.
