Los pueblos urus del lago Poopó, en Oruro, cumplen hoy su octavo día de caminata hacia la ciudad de La Paz en demanda de una ley de protección. La Gobernación de Oruro considera que la marcha es política y que busca la personería jurídica.
“Nos hemos visto limitados territorialmente, los aymaras de la Sebastián Pagador (provincia) cercaron las áreas del lago Poopó con alambres de púas y no podemos acceder a nuestro trabajo”, declaró Germán Choque, presidente del comité de la marcha y asambleísta suplente originario de los uru-murato de Oruro.
Al menos 200 originarios, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, iniciaron la marcha el 5 de marzo desde la localidad de Kasa Wasa, distante a 12 kilómetros de Oruro, en demanda de una norma que proteja su territorio y defina los límites.
Según Choque, se tiene prevista la entrega de un borrador de anteproyecto de ley al Gobierno, que contiene aspectos sobre la administración de las comunidades que actualmente habitan.
Para el secretario general de la Gobernación de Oruro, Florencio Choque, la medida asumida tiene intereses políticos y busca la aprobación de una personería jurídica para que se reconozcan los asentamientos de los comunarios en tierras aymaras porque, en esencia, los urus son de vida lacustre. Incluso, “la ONG CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos) financió 14 mil bolivianos para la marcha, están con ellos ahora”, afirmó Choque.
Los urus muratos del lago Poopó viven en las comunidades de Llapallapani, Vilañique y Puñaka Tinta María. Ayer, la marcha pernoctó en una unidad educativa de la población El Tholar, a unos 86 kilómetros de La Paz. Se espera que toda la columna de urus ingrese a la sede de gobierno hasta el miércoles o jueves, sin embargo, los representantes podrían adelantarse y llegar hoy.
Denuncian exclusión y atropellos
A diario, el pueblo Uru enfrenta la discriminación y el avasallamiento de las áreas del lago Poopó, denunció el secretario de Pesca de la Comunidad de Llapallapani, Cosme Choque. Por ello, la marcha de los casi 200 comunarios, que ya se encuentra en suelo paceño, demanda una ley de protección a los territorios donde habitan.
“Ya no podemos circular por el lugar donde siempre hemos vivido de la pesca, la caza, recolección de conchilla, ch’uro, kuwi, algas y qhuyka, estamos preocupados porque los avasallamientos, nos están coartando nuestra vida”, lamentó el dirigente.
En tanto, el presidente de las Cooperativas Pesqueras, Andrés Choque, recordó que, pese a que son reconocidos por la Constitución Política del Estado, “nadie les hace caso”.
