El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó su preocupación por el alarmante crecimiento de hechos delictivos en la ciudad de Santa Cruz y consideró que se deben asumir medidas para contrarrestar esta situación, aunque advirtió que declarar una “ley de fuga” e instruir la detención de extranjeros que no tienen documentación en el país es una decisión equivocada y se puede caer actos inconstitucionales y xenofóbicos.
“El creciente número de hechos de violencia de una manera descarnada y cruel nos debe alarmar, pero no por eso se debe perder la perspectiva en la línea de entender la posición del Gobierno, que si bien creemos que es totalmente comprensible en cuanto a su preocupación por los índices delictivos, pero al mismo tiempo es equivocada”, manifestó Villena, según un boletín de prensa de su despacho.
Dijo que aplicar la “ley de fuga” conduciría a una grave contradicción, ya que es una posición anticonstitucional que “estaría minando” los cimientos de la constitucionalidad.
“Lo que nos falta es una política de Estado mucho más coherente para abordar esta problemática, si bien hay causas como la pobreza extrema, entre otras que están llevando al crecimiento de la delincuencia, la aplicación de la pena de muerte en las formas que fueran como la ´ley de fuga, es sumamente grave, es una medida que no es constitucional”, insistió.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se aplicaría la “ley de fuga” a los sicarios que actúan en el país y esta mañana el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, explicó que la autoridad se refirió a que la Policía utilizaría la fuerza en caso de que los delincuentes se resistan con violencia a su captura.
Villena dijo que cuando se habla de seguridad del Estado no debe ser a costa de matar a la gente, sino de seguridad con criterios políticos y estratégicos que permitan afectar las causas mismas de la delincuencia. “Como Estado no estamos de acuerdo con la pena de muerte y la figura de la ‘ley de fuga’ estaría en esa línea”, insistió.
Asimismo, dijo que instruir la detención de los extranjeros que no cuentan con documentación en el país es una “decisión peligrosa”, porque con ello se podría caer en la estigmatización de estos ciudadanos y derivar en una suerte de xenofobia, lo que podría poner al país en una situación de riesgo frente la comunidad internacional.
