El costo de los medicamentos, desde una aspirina hasta una medicina contra el cáncer, tendrá un precio tope con la Ley del Medicamento, que fue elaborada para que todos los fármacos sean accesibles para la población. Según el Ministerio de Salud, ya existe el acuerdo con los sectores involucrados.
La cartera de Estado y los sectores involucrados (profesionales en salud, importadores, laboratorios y cadenas de farmacias) tendrán la obligación, a través de una entidad reguladora, de fijar los precios máximos, con base en costos reales de materia prima y producto terminado, según el artículo 10 del proyecto denominado Ley de Responsabilidad de Manejo, Distribución, Expendio de Medicamentos y Establecimientos Farmacéuticos.
“Con la norma buscamos que a ningún boliviano le falte un medicamento, que el control de los costos esté a cargo del Estado, a precios únicos, y que se acabe el monopolio de las farmacias”, declaró el diputado Edwin Tupa (MAS), uno de los impulsores de la ley.
La titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias de La Paz, Claudia Paredes, especificó que otro de los beneficios del proyecto es que el Estado se hará cargo de la importación de los fármacos que se requieren para tratamientos contra el cáncer u otras enfermedades complicadas.
“Las medicinas contra el cáncer son muy caras en el país, hay desde Bs 500, por ampolla o píldora, hasta Bs 14 mil; pero si el Estado se hace cargo de la compra y la distribución, el costo bajará y será más accesible”, indicó.
Según la explicación de la profesional, al fijar los precios máximos para acceder a todo tipo de medicamentos, un mayor acceso estará asegurado porque el precio en las farmacias será uniforme. “Además se establece que los fármacos serán comercializados según su nombre genérico, porque la marca hace que suba el costo de un determinado medicamento”, agregó.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, explicó que la fijación de precios máximos ya fue consensuada con las farmacias privadas, cadenas, importadoras y laboratorios. Puso como ejemplo que si una aspirina se vende en las ciudades a Bs 0.50, podría subir su precio, como máximo, a Bs 0,70 en las farmacias del área rural.
“Los sectores acordaron tener una franja de costos de los medicamentos, es decir un precio mínimo y máximo, con el objetivo de que todos puedan acceder a los fármacos”, manifestó la autoridad. Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales y Propietarios de Farmacias (Ansprofar), confirmó el consenso para fijar precios máximos. “Tuvimos varias reuniones porque queremos que los medicamentos sean accesibles para toda la población”.
Para Edwin Saucedo, regente de una agencia de La Paz de la cadena FarmaCorp, la empresa tiene productos a precios accesibles e incluso más bajos que en el mercado, por lo que no les afectará el límite de costos.
Sin embargo, el representante de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, aseguró que ni el precio u otro aspecto de la norma propuesta fue consensuado en su totalidad con los sectores.
A pedido de la dirigencia de la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacias (Ansprofar), el Gobierno elaboró una nueva norma en 2010 y así dejar sin efecto la Ley 1737, promulgada en 1996, que establece la libre oferta y demanda en el costo de los medicamentos.
Prohibirán presencia de visitadores en hospitales
La Ley del Medicamento prohibirá la presencia de visitadores o promotores médicos en centros o establecimientos de salud del sector público y la seguridad social a corto plazo, además de las farmacias privadas.
El incumplimiento a la norma será sancionado por la vía administrativa, civil o penal. Esta es una de 28 restricciones que contempla el proyecto al que tuvo acceso La Razón.
El argumento para esta prohibición surge con el propósito de evitar que la población sea inducida a la automedicación o a la compra de determinados medicamentos importados.
También está prohibida la entrega de muestras de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, sea como incentivos de venta, apoyo, que induzcan a la venta, bonificaciones y regalos.
La comercialización de los medicamentos a través de los medios masivos de comunicación como internet, prensa oral y escrita quedarán restringidos, al igual que los fármacos de donación o programas de estrategia nacional.
Respecto a las farmacias, las prohibiciones consisten en que no pueden realizar acciones de publicidad ni incentivos de venta que induzcan al consumo de automedicación o uso irracional del medicamento.
También se restringe la aplicación de inyectables u otras soluciones, solo deben regirse a la dispensación médica.
En los establecimientos farmacéuticos no puede haber cabinas telefónicas y/o cajeros automáticos que imposibiliten la entrega de las medicinas.
Estará prohibida la comercialización de cualquier tipo de fármacos en las calles, mercados, plazas o ferias, supermercados, tiendas de barrio, entre otros.
También se controlará la adulteración o falsificación de los medicamentos, tanto de la industria nacional como los importados.
No se permitirá el cierre de laboratorios industriales farmacéuticos sin previa notificación a la autoridad reguladora.
Según el proyecto, las contravenciones a las restricciones serán sancionadas de acuerdo con los antecedentes, la gravedad de la falta y sus consecuencias, desde el punto de vista sanitario.
Los montos de las sanciones económicas se cobrarán a simple notificación del infractor y tendrán que ser cancelados al tercer día de la notificación. El Ministerio de Salud habilitará una cuenta para que el dinero sea depositado a esa instancia.
El proyecto será enviado a UDAPE
El proyecto de Ley de Medicamentos será remitido a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) hasta antes de junio, anunció el viceministro de Salud, Martín Maturano.
“Previamente se agotarán todos los espacios de consenso con los sectores y luego lo derivaremos a UDAPE para su análisis”, dijo.
La autoridad explicó que tras esa instancia, el documento será enviado al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) para que la entidad apruebe el proyecto y lo derive al gabinete de ministros.
El representante de la Asociación de Representantes de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, indicó que no hay avances y el documento se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Maturano aseguró que una vez que el proyecto sea entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, empezará su tratamiento en detalle. “Hubo observaciones al primer proyecto cuando se analizó en grande, por eso se consensuó con los sectores, y creemos que será enviado más rápido a la plenaria para su tratamiento en detalle y luego pasará al Senado”.
No soluciona el acceso a los fármacos
Por Guillermo Cuentas Yáñez
En Bolivia tenemos fetichismo legal, ante cualquier problema creemos que una ley lo solucionará. Sin embargo, en el país el problema que tenemos es el acceso de la población al medicamento gratuito, pero eso no se soluciona con una nueva Ley de Medicamentos .
Podemos tener en Bolivia la mejor ley del mundo, pero el gran desafío es que el ciudadano boliviano pueda acceder al medicamento, porque de qué sirve romper el monopolio de las cadenas de farmacias si igual el acceso a los fármacos es restringido.
Todos estamos de acuerdo con que se priorice la prescripción de fármacos genéricos, que cuesten menos, que se anulen los monopolios y que las farmacias trabajen las 24 horas, pero igual cuestan y la población no está en condiciones de acceder porque no hay un sistema universal de salud.
Los medicamentos oncológicos, los corticoides y otros que son para las enfermedades graves son caros y eso es lo que debería ver el Estado.
El proyecto se hace a pedido de la Asociación de Farmacias que quiere evitar el monopolio y además pretende eliminar a los visitadores médicos. Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, es una pelea contra los laboratorios, importadores, cadenas de farmacias y visitadores médicos, es una ley corporativa de un grupo de ciudadanos con la misma lógica corporativa y fetichismo legal que creen que los problemas de Bolivia se solucionan con leyes.
