La Ley General de las Personas Adultas Mayores establece sanciones de tres a 20 años de privación de libertad a quienes causen lesiones gravísimas, leves o daño seguido de muerte a los ancianos. El Ministerio de Justicia socializa la norma promulgada el 1 de mayo.
“La ley realiza modificaciones importantes al Código Penal (CP) y hay sanciones que las vamos a hacer cumplir, porque no se va a permitir que ninguno de nuestros abuelos sea maltratado, abandonado o despojado de su vivienda”, anunció ayer la ministra de la cartera de Estado, Cecilia Ayllón, durante la presentación de los alcances de la ley, en el Hogar Quevedo.
Con la norma, se modificó el Codigo Penal en lo referente a los artículos 270 (lesiones gravísimas), 271 (lesiones graves y leves), 273 (lesión seguida de muerte) y 274 (lesiones culposas). Ahora señala que “cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena será agravada en dos tercios”.
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 369 (Ley General de las Personas Adultas Mayores) que garantiza el respeto a los derechos del sector, entre ellos, acceso a la Renta Universal de Vejez, promoción de la formación técnica, a la vivienda de interés social, un desarrollo integral sin discriminación y sin violencia, y la provisión de alimentación suficiente.
La autoridad de Justicia aseveró que con los artículos del Código Penal, los agresores serán sometidos a un proceso judicial que podría culminar, según la gravedad del delito, en la cárcel, de tres a 20 años. “El Ministerio de Justicia, como cabeza de sector se convierte en una instancia de defensa de los derechos de los adultos mayores”, expresó.
Ante la presencia de más de 150 personas de la tercera edad y el presidente de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia (Anambo), Carlos Loza, Ayllón explicó que antes de las modificaciones al CP, los agresores de los adultos mayores (mayores de 60 años) no recibían castigo y los procesos eran dilatados. “Con la norma, al igual que en el caso de niños y adolescentes, las sanciones deben ser ejemplarizadoras para que no vuelvan a suceder (sic)”, manifestó.
Maltrato. En junio de 2012, Jhenny Andrade, coordinadora del Centro de Orientación Socio Legal para Adultos Mayores (COSLAM), informó que cada día reciben diez denuncias de maltrato vinculadas con la familia. “Por día atendemos de 20 a 25 denuncias de personas de la tercera edad. El 50% es por maltrato y abuso, y el resto por la mala atención de entidades públicas y la banca”, indicó, según un reporte publicado ayer por La Razón Digital.
Otras de las quejas de los ancianos se refiere a los despojos, de los que son víctimas por parte de hijos, nietos y familiares, lo que también está incluido entre los delitos penados por la nueva ley.
La violencia física, psicológica, fraude con la firma de un documento en blanco y el despojo de un bien inmueble (que arrebate por medio de engaño, violencia o amenazas un inmueble); y perturbación de posesión, que mediante violencia o amenazas perturbe la pacífica posesión de un inmueble son los otros delitos en los que se incorporó a las personas adultas mayores de 60 años como víctimas específicas.
Esos delitos tienen sanciones de tres hasta 20 años de cárcel. El artículo 18 de la norma, refiere que las lesiones graves y leves contra este grupo de la población serán sancionadas con tres a diez años de cárcel; las lesiones seguidas de muerte, con hasta 13 años de presidio; y las lesiones culposas con hasta cuatro años.
Población de tercera edad
ANAMBO
La Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia estima que en el país hay más de un millón de personas de la tercera edad, el 50% se encuentra en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. El otro 50% está en los otros seis departamentos.
