La Federación de Juntas vecinales de San Pedro de Tiquina (Fejuve) y la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre alistan acciones legales y medidas de presión para frenar la construcción de un puente en el estrecho. Si no hay acuerdo, la Asamblea Departamental aprobará una ley.
“Hemos conocido que han anulado la Resolución 1797/2007 que declara al estrecho como patrimonio natural. Estamos analizando ese accionar y vamos a emitir un pronunciamiento legal”, anunció Luis Chambilla, presidente de la Fejuve de San Pedro. La Asamblea de La Paz abrogó la citada disposición el jueves 9, y con ello allanó un obstáculo formal que impedía el inicio de obras.
Chambilla, además, criticó al gobernador paceño, César Cocarico, de quien dijo “se arroga atribuciones que no le competen”, ya que el camino La Paz-Copacabana es parte de la Red Vial Fundamental, que está a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del Gobierno Nacional.
El 25 de marzo, comunarios de la provincia Manco Kápac bloquearon la ruta que une Tiquina con Copacabana como protesta por el incremento de las tarifas lacustres. La medida de presión dio un golpe al santuario de la Virgen de la Candelaria, cuya población vive de la actividad turística.
Oferta. Con el pasar de los días, la exigencia de los bloqueadores se focalizó en la construcción de tres puentes sobre el lago Titicaca, descartada de inicio por el gobierno del departamento debido al monto de inversión requerido —al menos $us 380 millones— y al daño ambiental.
Como contrapropuesta, Cocarico se comprometió a construir una plataforma sobre el estrecho de Tiquina y tras 17 días de conflicto selló un acuerdo con los movilizados que da al Gobernador un mes para convencer a los balseros de San Pedro y San Pablo, cuya actividad económica depende del transporte de personas y vehículos. “Tiquina ha dicho que no se hace ningún puente en su territorio. (La Gobernación) no tiene por qué atropellar”, protestó Chambilla.
El presidente de la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre, Edgar Saide, explicó que pidieron 90 días para evaluar las propuestas, aunque tras la derogación de la Resolución 1797/2007 no descartan movilizarse.
“En las próximas horas vamos a tomar decisiones sobre las medidas de presión. El Gobierno Departamental nunca trajo una propuesta seria y lo único que hace es chantajearnos con la aprobación de la ley y no lo vamos a aceptar”, advirtió.
El punto cuarto del acuerdo firmado por la Gobernación y los comunarios de Manco Kápac dice que “en caso de que (los lancheros) no quiera(n) consensuar, la Asamblea (del departamento) sancionará una ley de declaratoria de necesidad y prioridad departamental el puente”.
Gobernador continuará dialogando
El gobernador de La Paz, César Cocarico, informó que durante esta semana continuarán las reuniones con pobladores de Tiquina para convencerlos de la necesidad de construir un puente. “El diálogo es una alternativa, pero si fracasa vamos a tener que ir por la vía de la Asamblea Departamental”, dijo.
