El director de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, expresó su preocupación por las características del operativo de embargo en horas de la mañana del inmueble en el que funciona el matutino El Diario, ya que, señaló, no se habría notificado a la parte afectada de la acción de Impuestos Nacionales.
La institución no declara el embargo “justo o injusto”, sino que cuestiona el proceder del operativo del fisco puesto que, según informes preliminares, se habría convocado a la prensa para que realice la cobertura a la intervención sin previa notificación o aviso a los involucrados. “Si es eso, da la sensación de que es una medida política para amedrentarlos”, sostuvo.
Una posición oficial será hecha conocer en horas de la tarde, sin embargo León Cornejo informó a este medio sobre el contenido de la posición:
La ANP expresa su profunda preocupación por las consecuencias, las formas y las características operativas de la ejecución de un embargo que emprendieron hoy autoridades de la institución impositiva en perjuicio del matutino El Diario de La Paz.
Sin entrar al fondo de la medida y de las razones administrativas formales que podrían justificarla, la ANP expresa su protesta porque constituye una agresión a las libertades de expresión, de información y de opinión, que garantizan la norma constitucional.
Silenciar o pretender silenciar a cualquier medio atenta contra ese principio fundamental que constituye el fundamento básico de la democracia.
La ejecución de un embargo, de la manera en que se la hizo, con información previa a otros medios de comunicación, en aparente afán de publicitarla, en contraste con el incumplimiento de la obligación de notificación previa a los directamente interesados da pie a interpretar esa medida como con fines políticos antes que de cumplimiento de norma fiscal.
Buscar el amedrentamiento o la revancha política mediante amenaza de sanciones administrativas atenta contra los derechos ciudadanos.
En consideración a esos antecedentes primarios, la ANP demanda de las autoridades correspondientes explicaciones concretas y debidamente fundamentadas de los motivos que llevaron a la ejecución de dicho embargo.
Al mismo tiempo, la ANP exige el cumplimiento fiel de todas las normativas administrativas vigentes así como de las garantías de imparcialidad jurídica necesarias para juzgar el caso, como expresión de garantía y respeto a los derechos ciudadanos.
