La Defensoría del Pueblo condenó el linchamiento a nombre de justicia comunitaria de tres supuestos delincuentes y demandó la investigación de los casos hasta dar con los autores materiales, instigadores y cómplices de los linchamientos.
“Una vez más la sociedad boliviana se encuentra consternada por el asesinato, en diferentes circunstancias, de (tres) presuntos delincuentes a manos de grupos de pobladores que alegan en su favor la aplicación de la justicia comunitaria. Aunque este tipo de hechos se constituye en sí mismo en un crimen sin atenuantes, cobran mayor gravedad por la saña y la crueldad con que se ejecutaron, superando a la alevosía que incluso muestran los delincuentes más avezados”, señaló la Defensoría en un comunicado.
La institución condenó y rechazó ese tipo de acciones, que -de acuerdo a la Defensoría- vulneran el derecho a la vida, el justo proceso y la presunción de inocencia, entre otros. “No pueden y no deben considerarse como formas de justicia comunitaria ya que ésta no se basa en la crueldad, el asesinato ni la venganza”, refirió.
Campesinos del Potosí enterraron vivo a un adolescente de 17 años, junto al cadáver de una mujer, a la que presuntamente violó y asesinó, mientras que otra turba linchó a dos presuntos delincuentes acusados de asesinar y robar un vehículo. El primer hecho ocurrió en el municipio de Colquechaca, norte de Potosí.
La fuerza anticrimen informó que el miércoles 5 de junio una turba, enfurecida por la violación y asesinato de Leandra Arias Janco, de 35 años, capturó a Santos Ramos y lo enterró sobre el féretro de ella, atado de pies y manos. Antes de quitarle la vida, la muchedumbre condujo a golpes y empujones a Santos a ver el cadáver de su presunta víctima en el inmueble donde estaba siendo velado.
El fiscal de Distrito de Potosí, José Luis Barrios, informó que el 4 de junio comunarios de Tres Cruces, en la provincia José María Linares de Potosí, lincharon a dos personas a quienes acusaron de haber asesinado, el domingo 2 de junio, al chofer Julián Mamani, de 45 años, para robarle su vehículo.
Los dos linchados fueron identificados como Roberto Huanca Villca, de 17 años, y Agustín Huanca Estrada, de 21.
Según la Defensoría, el extremo que lleva tanto a hombres y mujeres a convertirse en victimarios no es otra cosa que la profunda crisis del sistema judicial y el estado de indefensión de los ciudadanos.
“Este extremo se evidencia aún más si consideramos que desde la tortura y el asesinato del alcalde de Ayo Ayo hace 9 años, y con decenas de casos ocurridos desde entonces, ni una sola persona ha sido procesada y condenada después de cometer estos delitos”, refirió la institución.
La Defensoría exigió investigar, procesar y castigar a quienes resulten los autores materiales, instigadores y cómplices de los linchamientos.
“También exigimos al Gobierno y a las instituciones del Estado responder al país cómo es posible que los linchamientos sigan ocurriendo en sitios donde ya se habían producidos hechos similares y por qué no se ha podido hacer justicia con las víctimas, muchas de las cuales resultaron ser inocentes”.
