Bolivia acoge en la actualidad a 789 personas refugiadas, la mayoría provenientes de Perú y Colombia, informó hoy el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de este país, César Siles Bazán.
El funcionario explicó a Efe que Bolivia ha concedido asilo a 900 personas, aunque sólo se tiene certeza de que 789 están aún en territorio boliviano, mientras que «los otros seguramente han abandonado el país».
Según Siles, que es también director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, hace una década, la mayoría de los refugiados eran de nacionalidad peruana y llegaron «huyendo» a Bolivia.
Agregó que en el último quinquenio se incrementó el número de colombianos que salieron de su país a causa de «los grupos paramilitares y la guerrilla» y se refugiaron en territorio boliviano.
Siles habló del tema con motivo de un taller sobre protección internacional de refugiados que se efectuó hoy en La Paz como actividad previa a la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados el próximo 20 de junio.
En el evento, el Gobierno boliviano expuso los alcances de la Ley de Protección a Personas Refugiadas, promulgada en junio de 2012, que estableció los procedimientos para conceder refugio, además de los derechos y obligaciones de quienes reciben este beneficio.
En un documento del Conare distribuido hoy, el canciller boliviano, David Choquehuanca, explica que esta ley «recoge estándares internacionales en materia de protección» a refugiados y es un instrumento para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Además, recuerda que puede beneficiarse con el refugio cualquier persona cuya vida corra peligro en su país de procedencia o sufra de persecución «por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o condiciones de convulsión que no le permitan una vida normal».
Agrega que, por contra, no pueden ingresar al país «personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, terroristas o delincuentes acusados de graves delitos»
Choquehuanca resalta en el documento que el derecho del refugio «no debe ser confundido con asilo político» y que los solicitantes de ese estatus y quienes ya lo tengan «deben abstenerse de intervenir en actividades políticas».
