— ¿Por qué empezaron a realizar inspecciones a geriátricos?
— Primero, porque llegaron denuncias de familiares sobre maltrato, mala atención y sobre personal no calificado.
— ¿Cuántos centros se logró visitar en dos semanas; todos cumplían los requisitos?
— Hicimos las inspecciones a 15 geriátricos de la ciudad de La Paz, todos son de la zona Sur y la mayoría está en Irpavi. Se evidenció que solamente el Centro de Acogida San Ramón (Achumani) es el único que cumple con todas las condiciones y requisitos formales; técnicos, financieros y legales. El resto no e incluso algunos trabajaban en la ilegalidad.
— ¿Cuántos centros hay en la ciudad de La Paz?
— Estimo que son unos 30, pero de éstos, vuelvo a reiterar, sólo el San Ramón tiene infraestructura adecuada, espacios para recreación, terapia ocupacional, pabellones de salud, amplios comedores y lo más importante, profesionales capacitados. El resto de los centros no cumple la norma, aunque hay algunos que hacen esfuerzos, pero son pocos.
— ¿Cómo describe a los centros que no cumplen la norma?
— Son infraestructuras que fueron adecuadas, eran viviendas de dos hasta cuatro pisos y ahora funcionan como centros de acogida, tienen gradas y no hay rampas, los baños no cuentan con barras para sujetarse, los dormitorios son fríos y no cuentan con personal profesional. Lamentablemente algunos centros se convirtieron en depósitos de ancianos, porque sus familiares los dejan y se olvidan.
— ¿Cuánto cobran?
— Los familiares pagan desde Bs 1.500 hasta Bs 4.000 por mes y cada centro tiene hasta 15 internos, sólo hay que sumar para saber cuánto reciben.
— ¿Qué acciones realizarán para proteger al adulto mayor?
— Tenemos un proyecto que está en revisión final y permitirá proteger los derechos de los usuarios y consumidores, como en el caso de los adultos mayores, pero nos preocupa que hasta ahora no haya una normativa a nivel municipal ni departamental.
Exdefensora de los Derechos Humanos
Sonia Brito Sandóval nació en Cochabamba el 27 de junio. Realizó sus estudios de secundaria en la capital del valle y tiene el título de socióloga de la Universidad Mayor de San Andrés. Se especializó en temas indígenas, defendió los derechos de las personas como presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y vicepresidenta en el ámbito nacional. Primera vez que ejerce un cargo público.
