El personal operativo de las empresas privadas de vigilancia será capacitado por la Universidad Policial (Unipol) y las firmas tendrán que pagar un canon por el entrenamiento, según el reglamento que regula su actividad en Bolivia. La Resolución Ministerial 021B/2013, del 4 de febrero, pone en vigencia el nuevo reglamento operativo de los negocios de seguridad privada.
La Resolución Suprema 222544, de 9 de junio de 2004, que quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana, establecía que personal de estas mismas firmas debía encarar la capacitación.
“La Unipol Mariscal Antonio José de Sucre es el organismo técnico académico que tiene la finalidad de planificar, dirigir y desarrollar los procesos de capacitación de los recursos humanos de las empresas”, dispone el artículo 220 de la nueva norma.
Recaudación. El reglamento establece que la malla curricular debe incluir seguridad, mecanismos de coordinación con la Policía, derechos humanos, relaciones públicas y primeros auxilios.
Las recaudaciones por la autorización de funcionamiento, la capacitación de los vigilantes por la extensión de las tarjetas de identificación, de operación y las sanciones se canalizarán por medio de una cuenta fiscal autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La Razón informó en noviembre de 2012, sobre la base de reportes oficiales del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que en menos de una década los establecimientos de seguridad privada, tanto legales como ilegales, tuvieron un crecimiento vertiginoso. En 2001 eran 30, pero el año pasado llegaban a 265. La Federación Boliviana de Seguridad Privada (Febosp) informó que cerca de 20.000 personas trabajan como guardias privados en Bolivia.
El artículo 28 de la nueva norma establece que las compañías de seguridad deben contar con un jefe de operaciones, que debe ser miembro de la Policía en servicio pasivo (p) o de las Fuerzas Armadas en retiro (r).
También dispone 52 tipos de infracciones, como encomendar la protección y custodia a personal no calificado, utilizar instrumentos (armas) no autorizados, dar falsa información a la Policía, retener la documentación del personal operativo, por citar algunas.
En caso de faltas al reglamento, la primera vez, la Policía, a través de un departamento especial, enviará una conminatoria escrita a la firma. La segunda vez la suspenderá por un periodo de uno a seis meses, y la tercera el negocio de seguridad será clausurado definitivamente.
Nuevos detalles de la norma
Servicios
Las empresas privadas de vigilancia pueden ofrecer protección física o electrónica a personas e instalaciones privadas, vigilancia de inmuebles y custodia y transporte de dinero.
Perros
El personal podrá contar con canes de apoyo, cumpliendo ciertos requisitos.
Policía
El Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia es el encargado de dar los permisos.
