El Tribunal Constitución Plurinacional (TCP) dictó un fallo que restituyó el derecho propietario sobre terrenos avasallados y sentó jurisprudencia en torno a la ilegalidad de esos hechos que, refiere el documento, se dan cuando agresores ingresan a una propiedad privada con violencia, amedrentamiento y amenazas con el fin de crear una situación de caos y desorden.
La decisión constitucional emerge del amparo constitucional interpuesto debido a la toma de tierras por al menos 300 personas, quienes destrozaron el alambrado del predio administrado por personal de la empresa IMBA S.A. para la crianza de pollos y obligaron a los propietarios a ceder sus terrenos. El fallo concedió la tutela sobre el predio a los demandantes.
“Al evidenciarse que la accionante acreditó la titularidad de su derecho propietario, adquirido mediante sucesión hereditaria, sobre el inmueble ubicado en el fundo rústico “La Purísima” –predio que luego fue arrendado a la empresa IMBA S.A., junto a los galpones, construcciones y equipos avícolas- y al constatarse el avasallamiento violento de su propiedad por parte de los demandados, se hace necesario aplicar la jurisprudencia constitucional que establece la protección del derecho de propiedad cuando se advierte la existencia de medidas de hecho”, establece parte de los fundamentos del fallo del TCP.
La decisión ratificó la resolución de la Sala Social y Administrativa del hoy Tribunal Departamento de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, concedió la tutela solicitada sobre los bienes avasallados en 2010.
Añade, el fundamento de la sentencia, que una de las características de los avasallamientos es la manera como los agresores ingresan a la propiedad privada, con violencia, amedrentamientos y amenazas, con el único fin de crear una situación de caos y desorden, situaciones que ocurrieron en el caso presente.
La denuncia refiere que un contingente inicial de doscientas personas, que luego se incrementó a trescientos, ocupó los terrenos y obligaron a la demandante ceder trescientos lotes.
