El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció que los avasallamientos en Bolivia están prohibidos y, además, reiteró que se garantiza y protege la propiedad privada que está reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE).
La determinación está contenida en la sentencia 0610/2013 que ratifica el fallo de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial, de Santa Cruz , que fue emitida el 6 de septiembre de 2010 y en la cual María Antonieta Rojas ganó un amparo constitucional en contra de Mirtha Asunta Viruez.
“Están prohibidos los avasallamientos y el derecho propietario está garantizado en la CPE. Lamentamos que algunos grupos de personas generan condiciones que les ponen en las dos posiciones, de avasalladores y de víctimas, pretendiendo de esa forma legitimar el derecho propietario”, expresó el presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores.
Se trata de una sentencia que restituye el derecho propietario de la demandante y genera jurisprudencia sobre la ilegalidad de los avasallamientos que son la toma violenta de tierras privadas, agrícolas y ganaderas; y de predios urbanos y rurales en el país.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Mirtha Asunta Viruez junto a un grupo de personas invadieron los predios de María Antonieta Rojas, destrozando el alambrado que lo resguardaba y profiriendo amenazas contra el personal de IMBA SA (empresa avícola que había alquilado el terreno) bajo la consigna de incendiar los galpones de crianza de pollos.
Ante la solicitud de desocupar los terrenos, los demandados portando palos y machetes sacaron (a la demandante) a empujones amenazando su vida, con la pretensión de que les ceda 300 lotes. La parte afectada denunció el hecho ante la Fiscalía, sin obtener resultado hasta la interposición del amparo constitucional.
“El TCP quiere mostrar con absoluta firmeza que la administración de justicia constitucional no se va a prestar a avasallamientos que vulneren el derecho propietario y también va a verificar que los avasallamientos no sean acciones ficticias que no sean generadas por esos grupos criminales que generan grupos de personas que se apropian de terrenos y también actúan como accionantes y accionados de propiedades que no son reclamadas por particulares ni por el Estado”.
Aplicación. El presidente del TCP añadió que se había constatado el avasallamiento “violento” de esa propiedad y que en el presente caso “se hace necesario aplicar la jurisprudencia constitucional que establece la protección del derecho de propiedad cuando se advierte la presencia de medidas de hecho”. Flores también aclaró que el fallo constitucional no define derechos, pues ello corresponde única y exclusivamente a la vía ordinaria.
Por otra parte, denunció que en estas actividades irregulares están involucrados estudios jurídicos de abogados que con acciones generan condiciones para presentarse como avasalladores y como víctimas. “Esas situaciones están prácticamente en la línea de la criminalidad”, refirió.
Por ello, anunció que el TCP va a llevar adelante una estrategia para identificar los problemas reales del avasallamiento en Bolivia y coordinará actividades con Derechos Reales, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Órgano Judicial para evitar cualquier política de avasallamiento y se garantice un estado de derecho. Asimismo, el TCP decidió llamar “severamente la atención” al Tribunal de Garantías “por la demora injustificada realizada en la tramitación” del proceso referido.
Términos que son utilizados
Significado
Según la Real Academia Española, el avasallamiento “es la actuación sin tener en cuenta los derechos de los demás”. En Bolivia se utilizan otros términos como sinónimos, que buscan reducir el grado de implicancia legal, como las “tomas” o “asentamientos”.
