El Ejecutivo toma previsiones ante la eventual sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos del Código Penal que sancionan el aborto. El Ministerio de Salud anuncia una norma.
“En caso de que el Tribunal Constitucional falle a favor de la inconstitucionalidad de los 13 artículos del Código Penal, como ministerio tendremos que establecer las causales para que se proceda a la interrupción del embarazo, el protocolo de atención integral, los hospitales que darán el servicio y otros temas”, informó el viceministro del área, Martín Maturano.
La autoridad dijo que para las causales se tomará en cuenta la violación, malformación del feto o cuando la salud de la madre esté en peligro. Para el tiempo, se establecerá la normativa internacional, menos de 12 semanas de embarazo. Los hospitales de segundo y tercer nivel que cuenten con un quirófano serán habilitados para la realización del servicio.
En marzo de 2012, la diputada Patricia Mancilla (MAS) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 12 artículos del Código Penal, tres de ellos penalizan al aborto (263, 266 y 269). Según una encuesta realizada por la organización no gubernamental Marie Stopes, se estima que en el país cada año se realizan 80.000 interrupciones de embarazo.
El especialista en el tema, Idon Chivi, y la directora de la organización Católicas por el derecho a Decidir, Teresa Lanza, opinaron sobre los efectos y proyección de una sentencia constitucional que siente jurisprudencia.
“Ahora, el aborto es un delito, por tanto requiere de un tratamiento policial, pero si el Tribunal Constitucional falla a favor de la acción de inconstitucionalidad, pasa de la esfera punitiva a la esfera de salud pública, y el ministerio del área tendrá que desarrollar un sistema médico de atención sanitaria y psicológica”, explicó Chivi, quien fue consultado sobre el tema por el TCP en calidad de “amicus curiae” (amigos del tribunal). Por su parte, Lanza indicó que la normativa internacional aconseja que hasta la semana 12 se puede interrumpir el embarazo, como sucede en México, desde hace más de cinco años, pero debe ser el Ministerio de Salud el que defina este tiempo, además de los protocolos de atención en los hospitales públicos, privados y de la seguridad social de segundo y tercer nivel.
La activista por los derechos sexuales y reproductivos indicó que con la norma, Bolivia disminuirá la mortalidad materna en 95%. Actualmente la tasa es de 190 muertes de embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos.
