Los ministerios de Salud y de Justicia elaboran una norma que permitirá interrumpir los embarazos en mujeres que sufran violación. El documento es un complemento a la Ley Integral (348) para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Desde hace tres meses estamos trabajando en una norma que permita, de alguna manera, realizar un aborto en el caso de que una mujer sea agredida sexualmente y como consecuencia quede embarazada”, dijo el director nacional de Salud, Rubén Colque.
La elaboración del documento se realiza mientras se debate el recurso de inconstitucionalidad presentado por la diputada del MAS Patricia Mancilla ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2012. La demanda es contra 12 artículos del Código Penal, tres de los cuales penalizan el aborto (263, 266 y 269).
Colque aclaró que en el tema del aborto, la Ley 348 establece artículos que promueven la prevención de embarazo en caso de que se registre una violación. Entre ellos se encuentran los mecanismos de anticoncepción (la pastilla del día después) o la interrupción del embarazo.
“La ley establece que una persona que pasó por una agresión sexual tiene derecho a solicitar la interrupción del embarazo. Lo que se está redactando es en qué circunstancias se practicará el aborto, y eso se está coordinando entre los equipos técnicos de los ministerios y la Fiscalía”, indicó.
El 15 de julio, el viceministro de Salud, Martín Maturano, informó a La Razón que si el TCP falla a favor de la inconstitucionalidad de los 12 artículos del Código Penal, la cartera de Estado tendrá que elaborar un reglamento en el que se establezcan las causales para interrumpir un embarazo, el protocolo de atención integral y el tipo de hospitales que brindarán el servicio, como el de la Mujer, por ejemplo.
La norma también prevé la aplicación de un formulario que permitirá que la víctima sea examinada por cualquier médico para tener el certificado forense, especificó Colque. De manera que no sea revictimizada con la obligatoriedad de detallar la violación a un forense.
“Se está obviando los pasos burocráticos, pero enmarcados en la ley. El formulario permitirá tener todos los detalles de la agresión. Mientras la Fiscalía proceda a realizar la investigación del caso, Salud le dará (a la víctima) la respuesta inmediata con mecanismos de anticoncepción o la interrupción del embarazo”, indicó.
Ministra Dávila apoya la despenalización
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, a título personal, afirmó que está de acuerdo con despenalizar el aborto, porque considera que es un derecho que tienen las mujeres a decidir cuándo tener hijos. “Hay un intenso debate en el Gobierno sobre este tema. Particularmente, estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, porque es un derecho de las mujeres y no hay una instancia que debiera regir el derecho a tener hijos”, aseveró ayer.
La portavoz del Gobierno se refirió al recurso presentado por la diputada Patricia Mancilla (MAS) en contra de tres artículos del Código Penal que penalizan el aborto. Dávila especificó que si bien ésta no es una posición oficial del Gobierno, el tema está siendo debatido por autoridades legislativas y organizaciones sociales. Admitió que el tema no es aceptado por algunos asambleístas del MAS, que tienen una posición religiosa .
En tanto, el jefe de bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, afirmó que no es necesario legalizar el aborto, porque se debe preservar la vida. “Hay que tomar otras políticas de Estado”, dijo, según la agencia de noticias ANF.
