Ante posiciones diversas en su partido, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, marcó línea en el debate sobre el aborto al recordar que el asunto está penalizado, aunque aclaró que hay excepciones en casos de riesgo de muerte de la madre o violación que deben ser discutidas.
“Simplemente, ratifico las palabras del Presidente (Evo Morales). Hay un ordenamiento legal que penaliza el aborto y establece unas excepciones en caso de riesgo de la madre, violación y otros, pero a la vez también habló de la importancia de un debate”, dijo ayer García Linera en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
El viernes 19, Morales declaró que que el aborto es un delito y que amerita un debate para que el Gobierno tenga una posición. Pese a la visión del Mandatario, hay divergencias al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dos días antes, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó estar de acuerdo con la despenalización.
Desacuerdos. El fin de semana, otros tres ministros, de Educación, Roberto Aguilar; de Desarrollo Productivo, Teresa Morales; y de Autonomías, Claudia Peña, también dieron a conocer su apoyo a la interrupción del embarazo. En tanto, otros asambleístas de origen andino o con credo religioso se oponen a la despenalización, son los casos de Emiliana Ayza, Eugenio Rojas, David Sánchez y Eduardo Maldonado.
Ayer, la titular de Justicia, Cecilia Ayllón, indicó que las leyes en Bolivia establecen el respeto a la vida y que el aborto se permite sólo en casos excepcionales. “Tenemos normas en Bolivia, la ley más importante es la Constitución, que establece de manera clara el respeto a la vida. De la misma manera, tenemos el Código Penal, el cual entre una de sus normas sobre el bien jurídico, nos habla del aborto impune”, dijo.
García Linera y Ayllón coincidieron con referencia a las excepciones a la penalización del aborto, que es el aborto impune (artículo 266 del Código Penal) que, según las organizaciones de defensa de la mujer, no cuenta con una reglamentación.
En ese marco, los ministerios de Salud y de Justicia elaboran una norma que permitirá interrumpir quirúrgica o médicamente los embarazos en mujeres que sufran violación, en el marco de la Ley Integral (348) para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
El debate sobre el tema surgió luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informara que no logró un consenso sobre una acción de inconstitucionalidad abstracta contra 14 artículos del Código Penal, presentada por la diputada del MAS, Patricia Mancilla, en marzo de 2012.
El debate al interior del MAS debía iniciarse ayer en la Vicepresidencia, según anunció el diputado Galo Bonifaz. Pero ni el diputado por Pando ni la asambleísta Mancilla, quien había sido citada, asistieron. La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, afirmó que no hay proyectos de ley en la Asamblea sobre el aborto, pese a que la titular de Diputados, Betty Tejada, había abierto la posibilidad de un tratamiento a nivel del Legislativo.
El aborto impune
Artículo 266
Según el Código Penal, el aborto es impune cuando el embarazo fue producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto y para evitar poner en peligro la vida o la salud de la madre, previo proceso judicial.
El TCP dice que no aceptará presiones
Yuvert Donoso
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no aceptarán presiones políticas, sociales o religiosas en cuanto al tratamiento del recurso abstracto de inconstitucionalidad contra artículos del ordenamiento jurídico que penalizan el aborto.
La afirmación corresponde al presidente del ente, Rudy Flores, quien ayer afirmó que “el Tribunal no va a someter su acción a cualquier tipo de presión, sea de tipo política, social, religiosa o de cualquier otra índole”.
El Tribunal recepcionó el 15 de marzo de 2012 e inició el tratamiento del recurso presentado por la asambleísta del MAS, Patricia Mancilla. En dos oportunidades no se logró consensos para emitir un fallo. Por ello, hoy habrá otro intento para nombrar al tercer magistrado relator.
El 15 de julio de este año, la disputada envió un memorial en el que pide la pronta resolución del recurso. “No se trata de pasiones o de posiciones subjetivas. Se debe ver estrictamente la realidad y mejores políticas normativas que permitan un desarrollo integral de la sociedad, y un ejercicio pleno de derechos fundamentales y garantías constitucionales”, dijo Flores.
