Un anteproyecto de ley para proteger de la extinción a los pueblos indígenas propone la dotación de tierras fiscales a etnias en peligro de desaparecer, como mecanismo para contrarrestar esta situación.
La normativa denominada Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No Contactados establece tres mecanismos de protección para estas etnias: territorial, salud y monitoreo.
En cuanto a territorialidad, el artículo 10 señala en su numeral 3 que se gestionará la dotación de tierras fiscales para el traslado, asentamiento y gestión territorial integral, en beneficio de las naciones y los pueblos indígena originarios en peligro de extinción, previa solicitud y consentimiento de los mismos.
Asimismo, determina la creación de decretos supremos que declaren intangibilidad transitoria al territorio que ocupan las naciones, en tanto mantengan tales situaciones, hecho que será evaluado cada diez años. En cuanto a salud, disponen cordones de protección sanitaria para precautelar y evitar el contagio de enfermedades de comunidades colindantes.
La propuesta de normativa fue presentada ayer en Santa Cruz por la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y la viceministra de Justicia Originaria, Isabel Ortega, quienes explicaron los alcances del documento a los pueblos originarios para recibir sus observaciones.
“Cumpliendo con nuestra obligación de Estado, se torna necesario adoptar las medidas de protección que garanticen las formas de vida individual y colectiva de los pueblos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad”, dijo la ministra en la inauguración.
Entre otras propuestas, el anteproyecto plantea sanciones severas con privación de libertad de hasta 20 años a quienes vulneren los derechos de estas etnias, por ejemplo, con genocidio cultural, financiamiento a la perturbación cultural, y daño ambiental.
