El Concejo Municipal de Oruro aprobó el fin de semana la Ley 001/2013 de Ordenamiento Jurídico Administrativo, que permitió superar la crisis ocasionada por la decisión de la alcaldesa Rossío Pimentel de gobernar mediante decretos.
El cuerpo legal tiene 73 artículos y cuatro disposiciones transitorias. “La comisión que estuvo a cargo de su redacción ha recurrido a otros concejos municipales, como el de La Paz y Cochabamba, para intercambiar criterios”, explicó el vicepresidente del Concejo, Rodolfo Uyuni.
Tensión. La ley fue consensuada con la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y el equipo jurídico de la municipalidad, aunque hubo discrepancias, ya que se pretendió introducir una disposición transitoria que ratificaba, legalizaba y daba validez a los 13 decretos emitidos por Pimentel desde 2012.
Los concejales “no podemos ratificar algo que desconocemos, porque (la Alcaldesa) prefirió no enviar ni un ejemplar. El 2 de febrero, el Concejo le envió una nota pidiéndole una copia de cada uno de los decretos. La respuesta del 4 de marzo indica que la Ejecutiva municipal no tiene por qué solicitar autorización ni consensuar su emisión”, recordó . El Concejo demandó la inconstitucionalidad de los decretos ediles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
