La Policía anticrimen desbarató ayer en Santa Cruz una organización criminal integrada por colombianos y bolivianos, dedicada al secuestro de personas ligadas al sector empresarial. La relacionan con, al menos, tres plagios ocurridos entre octubre de 2012 y agosto de este año.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que la banda estaba bien estructurada tecnológica y económicamente, y tenía localizada la zona norte de Santa Cruz como espacio para capturar a sus víctimas, desde donde las trasladaban hasta su cautiverio, en una hacienda agrícola en el Urubó, a diez kilómetros de la ciudad.
Una vez que tenían al secuestrado, los plagiadores se comunicaban con los familiares y le pedían una recompensa económica que oscilaba entre $us 400.000 y $us 600.000 a cambio de liberar a la persona.
De acuerdo con la Policía, el grupo delictivo estaría integrado por al menos 14 personas, ocho bolivianos y seis colombianos. De ellas, siete fueron presentadas ayer a la opinión pública por el Ministro de Gobierno. El director nacional de Inteligencia, coronel Freddy Tórrez, indicó que falta detener a algunos extranjeros. Dijo que éstos llegaban al país sólo por 24 y 48 horas para cobrar la recompensa y luego se marchaban, lo que dificultó su captura. Pero anunció que éstos también serán aprehendidos.
A decir de los investigadores, el modus operandi de la organización criminal era seleccionar a sus eventuales víctimas; luego realizaban un seguimiento hasta ubicarlas; el siguiente paso era colisionar el vehículo de la persona para evitar cualquier intento de fuga; después la trasladaban en camionetas o por vía fluvial hasta la propiedad agrícola del Urubó.
La banda desarticulada estaría vinculada al secuestro de la exsenadora y candidata presidencial Ana María Flores, ocurrido en octubre de 2012, en aquella oportunidad se rumoreó que se habría pagado cerca de $us 500.000 por su rescate. Además de otros dos casos ocurridos en mayo y agosto de este año.
Humberto Justiniano Barba, alias El Tico, quien fue identificado como el cabecilla de la organización peligrosa, sería el propietario de la hacienda agropecuaria en la que se mantenía en cautiverio a las víctimas.
Según Romero, Humberto J. y J. Chávez, serían los encargados de seleccionar a los perjudicados; en la parte operativa estaban Lucas J. (hermano de Humberto), Moisés B., Yerlin C., (esposa de Humberto) y los hermanos Jorge Valfer Barba C., que eran los informantes y cumplían funciones de escoltas para el traslado de las víctimas.
En el operativo se secuestró un rifle de asalto AK 47 con cuatro cargadores y al menos cuatro pistolas calibre 9 mm, y una gran cantidad de municiones y granadas de guerra estaban enterradas en un contenedor plástico.
También, dinero que superaba los $us 60.000, enterrado en medio de la maleza. Además, la Policía se incautó de dos camionetas Toyota y un vehículo que supuestamente eran utilizados para cometer el plagio. El dinero y las armas fueron hallados enterrados en el camino a la hacienda.
Seguimiento a los ilegales
La punta
El director nacional de Inteligencia, coronel Freddy Tórrez Maldonado, indicó que la banda criminal fue hallada a través de una llamada telefónica del Chaparrón a un número fijo. La dueña del teléfono fue contactada por la Policía para tenderle una celada en
la que cayó esta persona.
