Cuatro de los cinco acusados de haber asesinado al niño boliviano Brayan Yanarico Capcha, tiroteado durante un asalto en junio pasado en Sao Paulo, están muertos, confirmó hoy la Policía de la mayor ciudad brasileña.
Dos de los acusados fueron encontrados muertos en agosto pasado en una prisión víctimas de envenenamiento y los otros dos habían sido asesinados a comienzos de julio pero sus cuerpos sólo fueron identificados esta semana por sus huellas dactilares, según la secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo.
Tras haber confirmado la víspera que Wesley Soares Pedroso, de 19 años y uno de los acusados, había sido encontrado muerto con un tiro en la cabeza el 7 de julio, una semana después de la muerte del niño inmigrante, la Policía informó hoy de que Diego Freitas Campos, de 20 años y el único de los acusados que era considerado prófugo, fue hallado asesinado ese mismo día y sólo ahora identificado.
Freitas Campos era acusado de haber hecho el disparo que provocó la muerte del niño de 5 años cuando el menor estaba en los brazos de su padre y supuestamente porque no paraba de llorar.
El único de los cinco sindicados del homicidio que permanece vivo es un adolescente que está recluido en un reformatorio.
Según versiones de prensa, la Policía sospecha que Soares Pedroso y Freitas Campos fueron asesinados por integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Sao Paulo.
Los cuerpos de ambos fueron encontrados arrojados en potreros diferentes de Jardim Corisco, una barriada pobre de la zona norte de Sao Paulo.
Como los cadáveres fueron hallados con doce horas de diferencia y uno con un tiro en la cabeza y el segundo con doce balazos en diferentes partes del cuerpo, la Policía inicialmente no vinculó los homicidios.
Paulo Ricardo Martins y Felipe dos Santos Lima, otros dos de los acusados, fueron hallados muertos en el calabozo que compartían en un presidio en la región metropolitana de Sao Paulo, envenenados con una combinación de alcohol, cocaína, viagra y otros medicamentos tóxicos, en una mezcla conocida por los presos como «cóctel de la muerte».
La familia del niño asesinado había llegado a Sao Paulo pocos meses antes del crimen para trabajar en la industria de la confección y, tras la muerte del menor, decidió regresar a Bolivia.
