El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Ramírez presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia un amparo constitucional en contra de sus colegas Gabriela Niño de Guzmán (MSM) y del presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha (UN), porque le –denunció- negaron el acceso a la información sobre una acusación en su contra por supuesto soborno.
En una sesión ordinaria del 19 de febrero la concejala Niño de Guzmán, del Movimiento Sin Miedo (MSM) denunció a Ramírez por pedir una coima de 20 mil dólares a particulares para aprobar el cambio de uso de suelos de un predio ubicado en el barrio de Sewenkani de la zona Sur de La Paz.
Posteriormente la concejala presentó al pleno un punteo de una conversación sostenida entre Ramírez y un asesor de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial en la que el denunciado refiere que Niño de Guzmán tendría un terreno en el sector Sewenkani. En esa misma sesión, en réplica, Ramírez acusó a Niño de Guzmán de haber grabado esa conversación.
“Estamos presentado este amparo constitucional en contra del Concejo Municipal para romper esa muralla burocrática por el cual he sido yo sancionado y poder defenderme de mayores detalles ilegales y técnicos”, explicó el concejal Ramírez, junto a su abogada, María Arduz, quien dijo que tanto Niño de Guzmán como Rocha del partido Unidad Nacional (UN), además de la funcionaria Helena Salvatierra, “son los que han perpetrado no solo delitos de orden público sino que también han vulnerado las garantías que tiene el concejal Ramírez”.
El pleno del Concejo aprobó en marzo la Resolución 010/2013 en la que se advertía posibles indicios de responsabilidad en el caso de Ramírez y se establecía la aplicación de una sanción estipulada en el Reglamento para el Procesamiento de la Denuncia contra el Funcionario Municipal Electo.
“Desde entonces el Movimiento Sin Miedo (MSM) ha venido creando una muralla burocrática en contra mía para poder acceder a la información por la cual se me ha sancionado y por la cual se me mancillado el honor”, explicó Ramírez.
Las demandas, según Arduz, son “por los delitos contra el honor ante el juez y otra querella es por incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad, porque el Movimiento Sin Miedo (MSM) se ha dado a la tarea de entorpecer toda petición que hemos realizado e incluso desobedecido las ordenes que emanan en el poder Judicial”.
