Carlos Ramírez, concejal del MAS, presentó ayer un amparo constitucional contra cuatro de sus colegas, para que entreguen los antecedentes documentales que derivaron en una llamada de atención escrita por un supuesto hecho de corrupción.
El legislador masista dijo que tras la emisión de la sanción, que se hizo a través de una resolución, en tres oportunidades solicitó información a través de los canales regulares, pero no obtuvo respuesta.
En la sesión del 19 de febrero, la concejala Gabriela Niño de Guzmán (MSM) acusó a Ramírez de haber pedido una coima de $us 20.000 para realizar cambios en el reglamento de uso de suelos en Següencoma.
Guzmán dijo tener como prueba una grabación de la conversación de Ramírez con uno de sus asesores. En su defensa, el aludido se mostró preocupado por la denuncia y señaló en esa oportunidad que de confirmarse se pondrá en evidencia los pinchazos telefónico dentro del Legislativo.
“En marzo, el Concejo me sancionó de forma ilegal con una amonestación escrita, cuando correspondía una sanción oral. Desde entonces el Movimiento Sin Miedo ha creado una muralla burocrática en contra mía, para que no pueda acceder a la información sobre la cual se me ha sancionado y se ha mancillado mi honor”, declaró ayer el funcionario. La demanda fue presentada contra el presidente del Concejo, Omar Rocha; el director de Gabinete, Juan Pablo Revollo, y las concejalas Virginia Pinelo y Silvia Tamayo.
La abogada de Ramírez, María Arduz Pérez, explicó que la documentación requerida es fundamental para los procesos penales que se interpusieron contra los concejales Niño de Guzmán, Denisse Ostermann, Esteban Yana, Freddy Miranda y Silvia Tamayo, por los delitos de calumnia, injuria y coacción.
En tanto a Revollo se le acusa de incumplimiento de deberes, por no presentar la documentación. Finalmente, se presentó una demanda contra la directora de Comunicación del Ejecutivo municipal, Patricia Grossman, por mellar la dignidad. “Todos han vulnerado los derechos y garantías del concejal Ramírez que son delitos de orden público”, acotó la abogada. La Razón intentó comunicarse con Rocha para conocer su posición sobre este tema, pero la autoridad no contestó su celular.
No obstante, el 27 de abril, cuando se aprobó la Resolución 110/2013, que contiene la llamada de atención contra Ramírez y envía los antecedentes al Ministerio Público para que investigue el caso, la autoridad señaló que se actuó de esa manera para “salvaguardar la imagen del Concejo”.
Mientras que Niño de Guzmán aseguró que desde hace varios meses el concejal Ramírez buscaba que se revierta la resolución en su contra y que con la presentación del amparo constitucional y las denuncias contra los ediles, para la autoridad lo que se busca es amedrentar.
“Lo paradójico es que el acusado pretende convertirse en acusador utilizando estas lógicas de amedrentamiento. Él ha pretendido establecer que le hemos pinchado los teléfonos, pero sus denuncias han caído por su propio peso, pues las compañías que dan el servicio fácilmente pueden desvirtuar esas denuncias”, remarcó Niño de Guzmán. Se espera que en las siguientes horas se sortee la sala que tratará el caso y se convoque a los involucrados para que se emita la resolución.
El MAS analizará lío del POA
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Concejo Municipal analizará su posición sobre lo acontecido el lunes 9 con la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2014, que en su criterio se hizo bajo presión, informó ayer el legislador Guillermo Mendoza.
“Tenemos una reunión pendiente en la bancada. El concejal Jorge Silva planteó la posibilidad de interponer un recurso de nulidad, que aún no fue concretado. La situación es compleja”, dijo.
